Por Jaime de Althaus Guarderas
Parece que por fin el Gobierno aterrizará en el tema de la lucha contra la pobreza. La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Susana Pinilla, ha anunciado la nueva estrategia de comités de cogestión locales presididos por los alcaldes distritales que se encargarán de coordinar y hacer un seguimiento quincenal de los avances de los principales programas sociales y productivos rurales presentes en el distrito. Para explicarles la idea y comenzar a trabajar, los alcaldes de los 860 distritos más pobres serán convocados este mes. Se trata de ponerlos al frente de la lucha contra la pobreza y la desnutrición, pero armados de una tecnología "llave en mano". Tendrán un mapa de necesidades y de riqueza de sus localidades, y una plantilla con metas e indicadores por programa, que los mencionados comités deberán llenar cada quince días a fin de verificar los avances y las dificultades, y tomar decisiones. Esas metas responderán a un conjunto de "intervenciones" o mejoras que se desarrollarán dentro de una determinada estrategia o secuencia, para que sean efectivas.
Lo interesante de esta propuesta es que institucionaliza la lucha contra la pobreza, dándole un papel muy claro al gobierno local, fortaleciéndolo. Le proporciona al alcalde una misión y objetivos muy precisos, legitimándolo. Introduce a las autoridades locales y a la comunidad en un proyecto común, en una dinámica de construcción de metas de progreso que puede cambiar el clima vital en las zonas pobres, instalando la sensación de que las cosas, por fin, están cambiando porque ellos mismos las están cambiando. Que es la única forma de garantizar el éxito, de otro lado.
Pero, para que funcione una idea tan sugerente, los instrumentos --la plantilla de metas, el paquete de intervenciones-- tienen que ser sencillos y operables y se requiere de un aparato permanente y muy profesional de impulso, animación y monitoreo desde el nivel central. Y también de la conducción y supervisión personal de la ministra en el campo, ya que es imposible pretender, por lo visto, que el presidente asuma ese liderazgo.
Porque no será fácil el funcionamiento efectivo de los mencionados comités de cogestión. Los alcaldes y los propios funcionarios no están acostumbrados al trabajo en equipo, a la coordinación, a la consulta, al análisis costo-beneficio, al cumplimiento de metas objetivas. Ellos son tributarios de una cultura tradicional en el estilo de liderazgo y la toma de decisiones, donde cada autoridad suele ser un pequeño señor que decide por sí y para sí, y dentro de una lógica de relaciones familiares o amicales. Por lo tanto, el funcionamiento eficiente de los comités de cogestión entrañará, de suyo, una revolución cultural en los métodos de gestión. Si se logra, será un subproducto adicional y al mismo tiempo una precondición del éxito en la lucha contra la pobreza.
Para realizar esa transformación cultural que permita derrotar a la pobreza desde la institucionalidad, se necesita, repetimos, paradójicamente, de un fuerte liderazgo personal --del presidente o de la ministra-- en el campo. Pasar de una racionalidad tradicional a una moderna e impersonal en el sistema de autoridad requiere, en el tránsito, todavía de una conducción personal vigorosa. Es inevitable.