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Reguladores: cuarto sector por consolidar y blindar

Hay un tema trascendental que, en el tumulto de la politiquería local, no puede pasar desapercibido y exige la atención urgente del Congreso: el de los organismos reguladores, cuya solidez y autonomía, dentro de la estructura del Estado, debe arraigarse de modo profundo, precisamente para librarlos de cualquier intromisión política o de los vaivenes de los cambios de gobierno.

Lo último en todo esto es la publicación de las listas de candidatos para nuevos directores, cuyo proceso de selección debe terminar el 21 de mayo. El asunto es realmente preocupante, pues aunque se quiera hacer aparecer el concurso como uno de méritos técnicos, al final la decisión dependerá del Poder Ejecutivo, y del presidente de la República, con lo que no puede descartarse la injerencia política en organismos que deben ser eminentemente técnicos e imparciales.

PELIGROSA INJERENCIA POLÍTICA
Estas no son las únicas modificaciones polémicas impuestas a los organismos reguladores. Antes se hizo un concurso para elegir a los presidentes de Osinerg, Ositrán, Sunass y Osiptel, por un comité que hizo una buena labor, encabezado por el reconocido economista Richard Webb. Sin embargo, esto no es suficiente para garantizar la labor autónoma de los reguladores.

Efectivamente, recordemos que en mayo del año pasado se acordó dar a los presidentes de las reguladoras (y quitarla al consejo directivo), la facultad de nombrar y remover al gerente general, lo que ya ha causado suspicacias y serias fricciones en los últimos meses en varias entidades. Asimismo, se dejó sin efecto la renovación escalonada del consejo directivo, que evitaba que el nombramiento de directores coincidiera con los períodos de tal o cual gobierno y con ello la presión política o eventualmente clientelista que ello pudiera generar.

¿Podemos hablar de autonomía de los reguladores en estas circunstancias?

SEGURIDAD JURÍDICA Y PAZ SOCIAL
En suma, en lugar de avanzar estamos retrocediendo, lo que es muy peligroso. Y no solo porque se afecta la esencia y razón de ser de estos organismos --su carácter autónomo, independiente y técnico--, sino también por las repercusiones que ello puede tener en la marcha del Estado y en la economía.

Vivimos momentos de cambio. Y el Gobierno da señales de querer establecer una administración eficiente cuando el país crece a ritmos nunca antes vistos . En tal contexto, hay que entender que , inevitablemente , se dan problemas entre los inversionistas y el empresariado , por un lado, y las comunidades, los usuarios y el manejo responsable de los recursos y tarifas, por el otro.

Todo ello demanda la presencia de una autoridad técnica e imparcial para resolver eventuales conflictos con conocimiento, transparencia y credibilidad. Un buen regulador se convierte, entonces, en condición indispensable para la seguridad jurídica y la tranquilidad social.

En dicho escenario, debemos reiterar nuestra posición editorial de propugnar, dentro de la pendiente reforma del Estado, un cuarto sector institucional.

CONGRESO DEBE ASUMIR RESPONSABILIDAD
Como señalamos en nuestras Propuestas para una Agenda de Gobierno, de lo que finalmente se trata es de "garantizar los derechos de los consumidores y promover la inversión sostenida y responsable en los servicios públicos Hay que agrupar y dar autonomía constitucional --similar a la del BCR-- al llamado cuarto sector institucional del Estado, integrado por entidades reguladoras, de control, fiscalización y medición, para que ejerzan sus funciones sin interferencias". Solo así estos organismos --entendidos como pilares del Estado y no como instrumentos del Gobierno de turno-- podrán actuar de modo eficiente y transparente, con independencia del poder político y de los grupos de poder .

No podemos cerrar los ojos a esta realidad. El Congreso, que actualmente hace grandes esfuerzos por ordenarse y ajustar su reglamento, tiene que mirar el bosque y considerar la pertinencia del tema: La reforma del Estado será incompleta si no se asegura la plena autonomía de los reguladores, que no pueden depender económicamente de los regulados, ni estar supeditados a la voluntad ministerial o gubernamental, lo que los debilita y los esteriliza.