Luego de un minucioso estudio de las limitaciones legales, excesos burocráticos y antecedentes de corrupción en las contrataciones y adquisiciones del Estado, la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) presentará una serie de propuestas para mejorar el sistema de compras y contrataciones que, para este año, el país tiene planificado realizar por 29 mil millones de soles a diversas personas naturales y jurídicas.
Entre las propuestas se encuentran la uniformización de las normas reguladoras del sistema de compras públicas para evitar la dispersión normativa, la publicación de los estudios de mercado, así como también la direccionalidad de los requerimientos y las adquisiciones.
La titular de la ONA, Carolina Lizárraga, señaló que las propuestas se presentarán a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de modo que a través de iniciativas legislativas se pueda mejorar el trabajo del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode). Vale decir que el presidente de dicha institución, Santiago Antúnez de Mayolo, se reunió el viernes con Lizárraga para intercambiar información.
Ella propuso que Consucode mantuviera su carácter de ente rector y supervisor de las compras públicas y de organismo regulador de las funciones que conciernen a su competencia, y que una nueva institución asumiera la administración de las compras masivas del Estado a través de las diversas modalidades de selección, como la subasta inversa, compra corporativa y convenio marco de precios.
La titular de la ONA señaló que el proyecto de ley 1490, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Consucode y la Contraloría, constituye el esfuerzo más cercano orientado a uniformar y optimizar el sistema de compras públicas, el cual puede ser mejorado con las propuestas que llegan al Congreso desde el Ejecutivo.
Consultado respecto de la presentación de propuestas de la ONA, el contralor Genaro Matute indicó que todo aporte para mejorar el control de las compras y contrataciones era bienvenido.
MENOS CERCANOS
Otra propuesta de la ONA es que se extienda el impedimento para ser postor o contratista a las personas que mantienen relación de parentesco hasta el sexto grado de consanguinidad y cuarto de afinidad con las personas vinculadas a la entidad contratante, y que tengan intervención directa en la definición de necesidades, especificaciones, evaluación de ofertas, selección de propuestas, autorización de adquisiciones y pagos.
Igualmente, la ONA cree que es conveniente promover la participación de la sociedad civil a través del control social de los procesos de selección, mediante veedurías ciudadanas que actúen en coordinación con las instituciones dedicadas al control del gasto público.