Nuevos directivos pedirán devolver viviendas y utilidades mal asignadas. Congreso forma comisión investigadora del latrocinio
Por Juan Vargas Sánchez
El ministro de Vivienda, Enrique Cornejo, fue ayer al Congreso y anunció que su sector ya tiene un plan para evitar que se repitan las irregularidades ocurridas en el Banco de Materiales (Banmat) y habló de sanciones para los responsables, al tiempo que el pleno del Congreso decidió formar una comisión investigadora multipartidaria.
Nadie cuestionó a Cornejo cuando señaló que estamos ante un tema que debe investigarse hasta las últimas consecuencias, cuando dijo que había instruido a la procuradora de su despacho a evaluar si le corresponde tomar medidas judiciales, cuando anunció el cese del directorio de la entidad, de cuatro funcionarios de confianza y el retiro de la confianza a otros gerentes de área, ni cuando dijo que todos aquellos que se adjudicaron una vivienda indebidamente tendrán que devolverla. Solo le hicieron objeciones menores cuando presentó las medidas que tenía previsto tomar para salvar el Banmat.
Según el primer balance realizado por el Ministerio de Vivienda, no serían 38 los funcionarios del Banmat que se aprobaron créditos para adquirir viviendas en el condominio Los Álamos, sino que superarían los 70 y que existen funcionarios de otras entidades estatales que también compraron allí. Ello porque desde que el proyecto se iniciara en el 2005, el Banmat invitó a sus trabajadores y a los de otras dependencias a participar en la compra.
Se buscará establecer cuántas de las compras fueron irregulares, en vista de que el Banmat debería dar facilidades a personas de escasos recursos y que no tuvieran otra vivienda.
PROPUESTAS DE FONDO
El ministro informó a los miembros de la Comisión de Vivienda y Construcción que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto para modificar la ley orgánica del Banmat con el objetivo de que quede --como entidad financiera en la que se ha convertido-- dentro del sistema de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Cabe preguntarse aquí por la inacción del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
Indicó también que están seleccionando al nuevo directorio de la entidad, del que se espera que restituya el orden financiero y que acate las órdenes de auditoría externa. A este directorio le corresponderá determinar si se distribuyeron utilidades indebidamente y si se debe pedir a los beneficiados que devuelvan el dinero.
Cornejo indicó que algunos programas del Banmat pasarán a ser administrados como Mivivienda, es decir, que los créditos los asignarán entidades financieras como bancos y edpymes, pero que la entidad se quedará con los programas destinados a las personas más pobres que no tienen acceso al sistema financiero formal. Aseveró que incluso en estos últimos programas, el banco deberá ser más eficiente, ya que como estará supervisado por la SBS deberá aplicar criterios de manejo de riesgos más modernos.
El legislador aprista Franklin Sánchez pidió evitar que el Banmat repita la experiencia del Banco Agropecuario, que brinda líneas de crédito a 7% de interés, mientras que las entidades financieras les prestan a los agricultores a 40% o 50%. Walter Menchola y Guido Lombardi, ambos de UN, insistieron en que el Ejecutivo emprenda ya la reforma del Estado para que estos problemas no se repitan.
Partidos tratan de no salpicarse
Desde que empezaron a debatirse en la Comisión de Vivienda los actos de corrupción en el Banmat, tanto Carlos Bruce --ministro del sector durante el régimen toledista-- como el aprista César Zumaeta trataron de señalar que los actos de los directivos del banco que se apropiaron de utilidades indebidas, así como de todos los funcionarios que se adjudicaron viviendas de manera irregular eran personales.
"Un grupo de vivos se ha aprovechado del fin de un gobierno y del inicio de otro (...) la responsabilidad aquí no llega a los ministros, a quienes hay que investigar es a esos pillos", dijo Bruce. Y Zumaeta pareció hacerle un guiño al decir: "Esto (la corrupción) no es una política de Estado, hay que identificar a los responsables individualmente (...) No hay que involucrar al ministro ni al presidente, esto va más allá del tema partidario".
Para sellar el tema Bruce lanzó: "Estoy seguro de que si hay alguien del Apra involucrado, ustedes lo expulsarán; y si hay alguien de Perú Posible, lo echaremos".
Lo que parecía una tregua política no fue comunicada al ministro Cornejo, quien insistió en alejar al Apra del latrocinio. Señaló que todos los departamentos se asignaron entre junio del 2005 y febrero del 2006 y que ningún gerente aprista estuvo involucrado. Sin embargo, no pudo ser categórico en señalar si los familiares de esos mismos gerentes o apristas no gerentes se habían beneficiado. Tampoco dio explicaciones satisfactorias para el hecho de que el Fonafe haya nombrado encargado de la administración del Banmat a Héctor Buzaglo de Bracamonte, uno de los asesores involucrados en el intento de compra de patrulleros sobrevaluados que obligó a renunciar a Pilar Mazzetti del cargo de ministra del Interior.