Por Fritz Du Bois
Los más de siete millones de peruanos condenados al subempleo y a la informalidad por un Estado confiscador y burocrático son efectivamente los nuevos esclavos del siglo XXI, como bien los ha calificado el jefe del Estado que justamente los mantiene esclavizados. Estos esclavos aportan el 60% de la producción nacional y a cambio de ello no reciben absolutamente nada de un aparato estatal insaciable, que incluso en su afán por seguir engordando a como dé lugar pone trabas a la creación del empleo formal como para asegurar que siga aumentando la informalidad. Por otro lado, como es lógico suponer, los esclavos no están contentos con su situación y esa insatisfacción la dirigen al Gobierno, lo que se refleja en su creciente desaprobación.
"No estamos comunicando todo lo bueno que estamos haciendo" es una de las frases más trilladas en la política mundial y usualmente se escucha cuando los gobiernos caen en las encuestas y, en complaciente respuesta, aumentan el presupuesto para publicitarse en lugar de autocriticarse e identificar las áreas en las que pueden mejorar, de las cuales en nuestro caso la más urgente es la laboral. Los últimos cuatro años la economía ha crecido en promedio 7,1%, por lo que en teoría se debieron haber generado más de dos millones de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el empleo formal solo se ha incrementado en medio millón, por tanto la diferencia se ha quedado en la informalidad gracias a la rígida e inflexible legislación laboral. Es evidente que para alguien que no tiene un trabajo decente poco le va a interesar escuchar que el país está creciendo y prosperando, al contrario para esa persona su mundo está en crisis y todo es malo. Por ello es fundamental que se eliminen las trabas a la creación de empleo adecuado para permitir a la población participar plenamente del bienestar.
Lamentablemente el actual ministro de Trabajo no cree que la legislación laboral sea el problema, así que las innovaciones a la ley Mypes, de las que se viene hablando hace dos años, seguirán por ahora invernando y los que ingresen al mercado de trabajo no tendrán otra alternativa que la esclavitud. Pero la complacencia oficial no solo se refleja en lo laboral. Luego de años de un consenso casi general en que las concesiones eran la solución para nuestra deteriorada infraestructura y que lo que faltaba para poder lograrlas era regresar al exitoso modelo de tercerización en la privatización de la Copri, ahora el Gobierno parece que ha decidido enterrar Pro Inversión y devolverles a los ministerios el encargo. De esa manera completarían la estatización de la promoción de la inversión, la cual se inició con el fallido intento de crear un seudobanco de inversión estatal por la puerta falsa como fue Pro Inversión. Al final, el resultado real de esta falta de voluntad en concesionar será que Sedapal nos seguirá envenenando al echar todo su desagüe a las orillas del mar y la competitividad disminuirá gradualmente al no poder absorber eternamente los mayores costos logísticos de la región, debido a puertos y carreteras que sufren de años de inadecuada inversión.
Es una verdadera lástima que, en momentos que le va tan bien al Perú y faltando tan poco para asegurar el crecimiento sostenido, el Gobierno haya entrado al parecer en una fase de complacencia al cabo de solo un par de años en el poder. Ojalá se puedan sacudir rápidamente de ella. Es claramente iluso pensar que la publicidad estatal pueda enmascarar la falta de una agenda para reformar. Ciertamente el subempleado no se dejará engañar y la desilusión, que hoy solo se refleja en los sondeos de opinión, el 2011 puede convertirse en una verdadera revuelta de esclavos si nuevamente se sienten desengañados de un Estado que les impide el acceso a un empleo adecuado.