Por Ricardo León
Juan Ortiz Arévalo, titular de la Quinta Fiscalía Penal de Piura, informó a El Comercio que ya se han iniciado las investigaciones respecto de la denuncia por delitos de terrorismo formulada contra 35 personas entre dirigentes comunales, alcaldes provinciales y distritales, ronderos, activistas de derechos humanos y expertos ambientalistas ligados a las protestas contra el proyecto minero Río Blanco, ubicado en la sierra de este departamento.
Esta denuncia --como se recuerda-- fue presentada el pasado 24 de marzo por el Frente de Unidad de la Comunidad de Segunda y Cajas (Fucsc), integrado por pobladores de este distrito de la provincia de Huancabamba, que han manifestado una postura a favor de la inversión minera en estas localidades.
UN ASUNTO DELICADO
El primer paso de esta investigación consistió en convocar a los miembros del Fucsc. "Sin embargo, no se han presentado a pesar de haber sido citados en dos oportunidades. Preocupa el hecho de que no se presenten porque esta es una denuncia bastante delicada", comentó Ortiz Arévalo.
Según informó el fiscal, los denunciantes fueron citados para explicar el fondo de la denuncia, pues como pruebas solo se han adjuntado cientos de copias fotostáticas de recortes periodísticos que mencionan hechos de violencia registrados desde el 2004, todos ligados al caso de Majaz.
"Pero hay que individualizar cada denuncia porque son muchas personas, muchas acusaciones", agregó y comentó, finalmente, que el fondo de la denuncia pareciera tener una connotación política. "Es una denuncia de quienes están a favor del proyecto hacia quienes están en contra. Parece tener otros fines más mediáticos. Por eso se ha citado a los denunciantes, aunque en vano", dijo.
Juan Cruz Pusma, presidente del Fucsc, dijo no haber recibido ninguna notificación por parte de la fiscalía. Este Diario intentó hablar con el abogado de la parte denunciante, José Antonio Porras (del estudio Porras, Espinoza y Abogados Asociados, en Lima), pero la comunicación fue imposible.