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Un pedido de extradición que Italia debe precisar y formalizar

Con rigor e imparcialidad, corresponde a la justicia peruana valorar todas las pruebas existentes antes de resolver el pedido de extradición a Italia del ex presidente de facto Francisco Morales Bermúdez y otros tres militares, entre ellos, el ex primer ministro Pedro Richter Prada.

Es preciso subrayar que la justicia italiana, que solicita a priori tales detenciones, ha incumplido con enviar documentación clave para conocer el sustento real del proceso y de la petición. Y, además de ello, la falta de la resolución judicial privativa de libertad y de la precisión de las penas que corresponden en Italia a quienes cometen los delitos tipificados, restan validez al pedido de detención de estos militares.

Aquí no se trata de detener y luego investigar, sino de ejecutar esa posibilidad de una severa restricción de la libertad sobre la base de un sólido argumento jurídico. En consecuencia, hace bien la fiscalía peruana en desestimar el pedido de su similar italiana y exigir el cumplimiento de ciertos procedimientos que no se pueden obviar.

Esta actitud del Ministerio Público es perfectamente legítima y, en el fondo, sintoniza con el procedimiento en Italia pues debido a su magnitud --139 encausados de siete países latinoamericanos-- no se descartan apresuramientos, omisiones y generalizaciones.

Sin embargo, en reconocimiento al carácter imprescriptible de los delitos de violación de derechos humanos y también por respeto al debido proceso, dicho trámite debe cumplir con todos los requisitos legales y formales.

Solo si se cumple todo esto y si al final las pruebas establecieran de forma individual que procede el juzgamiento de alguno de los militares implicados, podría entonces evaluarse el tramitar la extradición para que sean juzgados por la justicia italiana.