Por Beatriz Merino. Defensora del Pueblo
El relanzamiento del Reporte de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, que lo convierte en una herramienta de prevención de conflictos, me suscita una reflexión sobre la violencia, verbal y estructural, que agobia a nuestro país.
En el Perú, la violencia ha sido, y aún lo es, una nefasta constante. Cada etapa de nuestra historia registra huellas atroces producidas por profundas heridas que, con los años, no han desaparecido. Por el contrario, han provocado recelosas distancias entre peruanos, además de retrocesos históricos en el camino de la integración y la vida pacífica del país.
La historia republicana nos muestra innumerables ejemplos: las ambiciones desorbitadas de los caudillos militares del siglo XIX; la feroz discriminación de indios, negros, mujeres, ancianos, pobres, que aún subsiste mal disimulada; los golpes militares nacidos de la angurria política, que aplastaron algunos sanos intentos de democracia y constitucionalidad; las ideologías obcecadas y sangrientas, alimentadas con las vidas de inocentes. Todo esto lo hemos vivido en nuestra historia reciente. Y todo esto parece no arraigar del todo en la memoria.
Pero la violencia no solamente establece su fuero en los más notorios episodios de la historia de un país. Puede tocarnos a diario en los repliegues más íntimos de nuestras vidas personales o familiares. En la actualidad, por ejemplo, adquiere un sesgo vejatorio la violencia contumaz con que el sistema de transporte terrestre de pasajeros nos empuja a exponer nuestras vidas, a sufrir incomodidades y humillaciones en el trato, y a aspirar un monóxido de carbono que envenena el cuerpo y el alma.
Sin embargo, más agraviante es la violencia que comporta cualquier acuerdo bajo la mesa de una autoridad estatal --clandestino y corrupto--, cuyos efectos en la economía del país, en la integridad del sistema jurídico y político y en la moral pública los padecemos todos y, entre todos, particularmente los más pobres.
¿No es la violencia verbal desde el poder, y el desprecio por el diálogo, un hecho de incalculable violencia que cierra el paso a cualquier intento racional de entendimiento y, por ende, destruye toda posibilidad de futuro compartido?
La violencia puede ser estridente y llamativa como el estallido de un coche-bomba de los años ochenta y noventa, pero también puede minar sordamente la vida de la gente, como suelen hacerlo las aguas contaminadas de los ríos o las infames condiciones de trabajo en las que operan muchos de nuestros compatriotas. En ambos casos, la crueldad es la misma, apenas diferenciada por una cuestión de estilo.
En un esquema de libertades públicas, la violencia altera seriamente el procedimiento de comunicación razonable en el que se sustenta la democracia, afirma supuestas verdades inapelables que no necesitan ser transmitidas, sino enrostradas en los hechos, y convierte a los otros en meros receptores, enemigos o súbditos. Nada que suponga integración entre individuos diversos, como los peruanos, saldrá de aquí porque nada hay en la violencia que implique reconocimiento de la cultura y la condición humana de los demás.
En un país como el Perú, el Estado debe ser el sujeto dialogante por naturaleza y educar al pueblo convocándolo, convenciéndolo de que existen reglas que mejoran la vida de todos, entrenándolo en el lenguaje de la democracia y los derechos humanos y no faltando jamás a sus compromisos porque la palabra que no se honra rompe el pacto y, en razón de ello, se entronizan la desconfianza y la fuerza bruta.
Un comunero resumió este anhelo del pueblo peruano con esta frase: "Nosotros escuchamos por los ojos".
Ese hombre le pide al Estado y a la sociedad evidencias concretas de cumplimiento de lo ofrecido; a la vez, esconde un sentimiento de desconfianza que debemos revertir. Nada socava más la credibilidad y la legitimidad de una autoridad que la palabra incumplida, el gesto displicente o la frase insultante.
Obligada a reiterar lo que expresé ante el Congreso hace un año, en esta hora en que menudean los agravios de un lado y de otro, en que se polarizan las opiniones sobre cuestiones de carácter coyuntural, en que prima el desorden y, sobre todo, una suerte de predominio de la desmesura en las formas y del encono dogmático en los conceptos, siento que es mi deber, en mi condición de defensora del pueblo, exhortar a los líderes del Perú a hacer uso de un lenguaje constructivo y conciliador, a propiciar una vocación incansable por el diálogo para vencer las diferencias, y para instalar en el escenario político a nuestros principales dirigentes como referentes de la tolerancia y del respeto a las ideas de los otros, del cumplimiento de las promesas, del hábito de respetar la verdad y el honor de los demás.
Hacer lo contrario contribuirá, sin duda, a instalar la violencia que tanto daña a nuestro país.