Con valentía, autocrítica y afán constructivo, el nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Wálter Gutiérrez, acaba de poner sobre el tapete la grave responsabilidad de los abogados en la saturación del sistema judicial.
Sin embargo, el decano no se limita al diagnóstico sino que propone fórmulas correctivas para frenar este inaudito abuso de los llamados 'juicios chatarra' o frívolos, que suman el 60% de los expedientes en curso. Un camino es la creación del sistema nacional deontológico para que la sanción por mala práctica no solo tenga efecto en un solo distrito judicial sino en todo el país.
Del mismo modo, su pedido para que los jueces se sumen a esta cruzada y alerten al CAL sobre recursos sin sustento material ni jurídico, tiene que ser recogido de inmediato por la judicatura. Solo un binomio actuando en estrecha coordinación hará viables los procesos disciplinarios y sancionadores contra profesionales inescrupulosos.
Allí no acaban los problemas. Otra deformación perniciosa del sistema es la proliferación de la denuncia judicial como una daga contra el enemigo. Es decir, se interpone demandas y denuncias contra un rival, pero sin buscar justicia sino como mecanismos de intimidación y amedrentamiento, lo cual tiene que ser detectado y sancionado drásticamente.
Al respecto, es revelador y preocupante que muchas de estas maniobras de amedrentamiento se dirijan contra periodistas o también, en el ámbito comercial, contra posibles competidores.
Sin duda, las iniciativas del Colegio de Abogados de Lima, que esta vez deja de lado el nefasto espíritu de cuerpo y ofrece salidas para este grave problema, tienen que despertar a otras entidades como el Poder Judicial, Fiscalía, el Congreso y el Poder Ejecutivo. Ello para ponerse manos a la obra en la titánica y urgente tarea de reformar nuestra impredecible administración de justicia, lo que incluye la reivindicación de la profesión de abogado, tan mal vista por muchos, precisamente por deformaciones y abusos como los comentados.
Hay que hacer algo ahora. Si bien en materia económica el país está viento en popa, en cuanto a seguridad jurídica aún deja mucho que desear, lo que pone en riesgo todo.