Enviar

La impunidad, pesado lastre para el desarrollo

Cuatro hechos recientes vuelven a encender la luz roja sobre un tema que constituye un pesado lastre no solo para la recuperación ética y democrática de la nación, sino para la convivencia social y el desarrollo económico del país: la rampante impunidad.

Un asunto escandaloso es el de los accidentes mortales en edificios. El caso de Miraflores ha traído a colación la tragedia de Gamarra, hace cinco meses, en que murieron 8 trabajadores, a pesar de lo cual los responsables siguen impunes y no se han pagado siquiera las reparaciones. Pero el tema va más allá: de inmediato se ha puesto sobre el tapete la idea de que mejor es volver a controlar y se pretende dejar sin efecto el sistema de licencias automáticas. Ello, en lugar de sancionar severamente a las empresas infractoras para evitar que vuelvan a incurrir en negligencias punibles y accidentes y dar así una señal firme y clara de tolerancia cero contra la impunidad.

Luego, aún sigue en el ojo de la tormenta el escándalo del Banco de Materiales (Banmat), en el que de modo cínico e inescrupuloso algunas autoridades pretenden reducir al mínimo la grave responsabilidad de algunos funcionarios del banco y del Fonafe, que administra el holding de empresas estatales y que no pudo ser ajeno a todas las irregularidades. Pero, en lugar de plantear sanciones y reformas estructurales para evitar el clientelismo, la corrupción y la impunidad, el ministro Enrique Cornejo exculpa al nuevo presidente del Banmat, que duró unos pocos días al conocerse su trayectoria irregular, y deja libre de polvo y paja al Fonafe.

Asimismo, repugna y causa indignación el caso de un oficial de la policía, comisario de Santa Bárbara en Puno, capturado cuando traficaba estupefacientes. Y no solo por su rango de autoridad, sino porque antes había sido expulsado de la institución por delitos similares, pero fue repuesto por controvertidas decisiones judiciales, avalando la impunidad. ¡Cuántos casos más habrá de presuntos delincuentes con uniforme, por obra y gracia del Poder Judicial!

EL CNM BAJO SOSPECHA DE PARCIALIDAD
Otro caso emblemático está en la controvertida decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuya mayoría se opone a destituir al suspendido presidente de la Corte Superior de Lima, Ángel Romero. Ello a pesar de las sólidas evidencias que lo involucran en un polémico fallo contra el BCR, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Trabajo y el Tribunal Constitucional habían fallado antes en contra.

Aun con todos estos agravantes, el CNM cambió de parecer sobre Romero, sin explicación ni justificación suficiente. Antes se pronunció por la destitución pero ahora solicita una sanción menor, lo que deja muy mal parada a esta institución y al Poder Judicial.

Recientemente se ha informado que, según reportes de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), de 120 pedidos de destitución el CNM solo ha resuelto 49 casos, principalmente de jueces de primera instancia y de paz, pero no de vocales superiores. A más de eso, un miembro connotado del CNM como Aníbal Torres ha denunciado que la mayoría de la entidad se rige por criterios de amiguismo y favoritismo, lo que repugna cualquier principio de justicia y equidad y promueve la subcultura de la impunidad.

El organismo se pone así bajo graves cargos de parcialidad, lo que causa gravísimo daño al sistema de administración de justicia y a la seguridad jurídica del país. Si el CNM tuerce así los criterios para favorecer a algunos magistrados de alto rango, qué garantías tendrán los jueces de menor nivel y el resto de ciudadanos. ¿Y con qué autoridad moral y legal podrá sentenciar la Corte Superior de Lima si tiene como titular a un juez tan cuestionado como Romero?

¿QUIÉN DIRIGE LA REFORMA JUDICIAL?
Se trata solo de algunos ejemplos, no los únicos, que ponen en evidencia la prevalencia del cáncer de la impunidad, y que deben merecer la atención de las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, pero sobre todo del Ministerio Público y del Poder Judicial, a los que primariamente corresponde, en el Estado de derecho, denunciar y castigar los delitos e irregularidades conforme a ley y de modo imparcial.

Como lo hemos dicho antes, ya no se trata tanto de dar leyes, sino de aplicar con firmeza y objetividad las ya existentes, lo que hace más urgente y exigible la postergada reforma judicial, sobre todo para contar con jueces probos y eficientes que luchen contra la impunidad.

Y es que si no hay seguridad jurídica, no habrá tranquilidad, orden ni un ambiente propicio para atraer inversiones y crear empleo y desarrollo.

Por ello, si los jueces no tienen voluntad para reformarse ni para juzgar y sancionar, sería conveniente que la reforma se haga coordinadamente con los otros poderes. Finalmente, el Poder Judicial pertenece a todos los peruanos.