Por Raúl Diez Canseco T. Ex vicepresidente de la República
Finalizada la V Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea, con resultados muy satisfactorios para el Perú, emana nuevamente en la agenda interna uno de los rompecabezas que afligen a todos: el tema de la inclusión social y la ausencia de proyectos de impacto que logren drenar satisfactoriamente la pobreza en nuestro país. A pesar de la mejora en las cifras sobre este tema, todavía alrededor de la mitad de la población es pobre y la distribución de los ingresos se concentra aún en pocos sectores. De allí la contrariedad que genera entre los peruanos ver un país con cifras boyantes en la economía y, simultáneamente, comprobar altas cifras de pobreza.
¿Cómo así se registra este hecho? El economista Julio Gamero, autor del documento "Crecimiento y empleo", tiene una explicación: por cada punto de aumento del PBI, la pobreza apenas disminuye un cuarto de punto. Para el experto Enrique Vásquez, los problemas fundamentales son la manipulación política que se hace de los programas sociales, así como su sectorización expresada en que las zonas urbanas generan mayores réditos para los políticos que las zonas rurales donde vive el tercio de la población nacional.
La pobreza es un fenómeno causado por factores heterogéneos, diversos. El hambre, la carencia de empleo, salud, vivienda, educación de calidad, la ausencia de centros para el deporte y recreación, definen en primera instancia esa circunstancia económica en la que una persona es pobre. Pero, lo precisa el Banco Mundial, la ausencia de infraestructura (caminos, vías, puentes, pequeñas centrales hidroeléctricas, canales de riego, etc.) constituye igualmente expresión de pobreza. Al revés, mientras los servicios a los que accede cada persona aumentan, mayor es la factibilidad de que se encuentre fuera de la línea de pobreza.
Trabajemos seriamente en esto último mientras los programas sociales produzcan resultados. Aprovechemos el inmenso potencial que existe en todo el territorio, como parte de nuestra idiosincrasia, en torno al valor solidaridad que no es otro que la ancestral minka que representó en el imperio inca el trabajo comunitario en beneficio del bien común.
El presidente Fernando Belaunde Terry, cuyo pensamiento político escudriñó en profundidad gran parte de las lecciones de la civilización inca, la institucionalizó en su primer Gobierno (1963-1968) y la amplió en su segunda administración (1980-1985). El Sistema Nacional de Cooperación Popular funcionó extraordinariamente bien mediante una fórmula simple: en las comunidades las obras se realizaban por iniciativa del pueblo, con precarios materiales y muy poca tecnología. El Estado aportaba los fondos y la tecnología para edificar una obra pública de pequeña o mediana envergadura, y la comunidad beneficiaria aportaba la mano de obra.
Con esa modalidad, traducida en política de Estado, millones de brazos trajinaron toda una época y por toda la tierra patria, especialmente en las regiones de sierra, construyendo centenares de kilómetros de carreteras vecinales, puentes y pontones, pistas urbanas, pequeñas centrales hidroeléctricas, canales de riego, colegios, postas médicas y demás infraestructura comunal y municipal que, a la postre, mejoraban el nivel de vida de los pobladores, entre otras razones, porque se dinamizaba el comercio de productos de pan llevar. La etiqueta en cada obra terminada rezaba un himno al voluntariado solidario: "El pueblo lo hizo".
¿Contamos con recursos económicos para potenciar y capitalizar nuevamente el trabajo solidario entre los pueblos, comunidades, organizaciones, gremios, rondas campesinas y más en beneficio mutuo? Sí. De allí que, bajo una batuta técnica de primer nivel, es necesario restablecer el Sistema Nacional de Cooperación Popular otorgándole el nivel de política de Estado y al peruano humilde el empoderamiento que señale de lo que es capaz de hacer en beneficio de su entorno y de que sí puede cuando alguien le da la mano. Así se combate eficazmente la otra arista de la pobreza: la ausencia de infraestructura. ¿Por qué no hacerlo y derivar a este sistema una parte de los dos mil millones de dólares que el Gobierno destina a la lucha contra el hambre? Es más rentable enseñar a pescar construyendo que otorgando el pescado. Además, en el siglo XXI ya no basta con enseñar a pescar, hay que educar para que el pescado llegue a los mercados y luego a la olla de manera adecuada, y a ese proceso se le llama capacitación.