Decreto Legislativo 1015 sería inconstitucional

La Defensoría del Pueblo presentó ayer ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1015.

Según la institución, la norma del Ejecutivo vulnera los derechos constitucionales de participación y consulta de las comunidades campesinas y nativas, así como el derecho a la identidad cultural, reconocidos por el inciso 19 del artículo 2° y el artículo 89° de la Constitución.

Pero no solo se trata de un tema constitucional. La Defensoría señala que el dispositivo afecta el derecho a la identidad cultural ya que se ha intervenido sobre la organización comunal sin respetar el derecho de las comunidades a ser consultadas sobre las decisiones legislativas que las afectan, tal como lo exige el Convenio 169-OIT, ratificado por el Perú en 1994.

Se hace ver también que el Gobierno habría legislado sobre un tema sobre el que no tendría facultades legislativas, pues el Congreso solo autorizó al Poder Ejecutivo a regular aspectos relacionados con el TLC con Estados Unidos, ámbito de delegación que no puede ser interpretado de manera extensiva, como se ha hecho en este caso.

LO QUE DEROGA EL DECRETO
El Decreto Legislativo 1015 reduce el número de comuneros que deben votar para vender o concesionar terrenos de las comunidades de la sierra y de la selva.

El dispositivo permite que solo por mayoría simple los miembros de una comunidad campesina o nativa, asistentes a una asamblea general, puedan decidir la disposición de sus tierras.

La norma deroga el artículo 11° de la Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas (Ley 26505), que señalaba que "() para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá del acuerdo de la asamblea general con el voto conforme de no menos de dos tercios de todos los miembros de la comunidad".

Los parlamentarios humalistas Marisol Espinoza y Miró Ruiz han criticado este decreto legislativo, pues consideran que facilitará el desmembramiento territorial de las comunidades campesinas y nativas.

Ambos congresistas aseguran que con esta norma los empresarios mineros, forestales y otros podrían obtener estas tierras con más facilidad y a precios irrisorios.