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EDITORIAL

El voto voluntario tendrá que esperar

Por Raúl Ferrero C. Jurista

La Comisión de Constitución del Congreso ha desaprobado el proyecto de modificación constitucional para que se introduzca el voto voluntario o facultativo en reemplazo del voto obligatorio.

Esta no es una buena señal para las demás propuestas de reformas constitucionales que se presentarán los próximos días. Esperamos que la referida comisión pueda reconsiderar su votación en la siguiente legislatura y las reformas que vengan no tengan que seguir esta misma suerte.

El sufragio, más conocido como el voto, se utiliza de manera amplia en la política desde que se impuso el sistema democrático como la mejor manera de escoger a quienes los ciudadanos quieren que los gobierne.

Si bien se utilizó en Atenas y durante la República, en la antigua Roma, hace más de veinte siglos, para elegir el Senado, luego de establecido el Imperio perdió vigencia para desvanecerse en las edades antigua, media y moderna y recién reaparecer en la edad contemporánea después de la Revolución Francesa (1789).

Sin embargo, cuando regresó para aplicarse al campo político, lo hizo de forma restrictiva y si se quiere, discriminatoria.

Primero, solamente podían votar los terratenientes, luego, con criterio también económico, solamente los que pagaban impuestos. Todo esto, siempre que fueran hombres. El voto femenino recién se permitió en los países más avanzados hace cien años y en el Perú lo instituyó Odría en 1955. Pocas décadas atrás, recién se admitiría el voto del analfabeto.

El voto obligatorio se introdujo en nuestro país, durante las primeras décadas del siglo pasado, como una forma de garantizar la mayor participación posible de la población y de esa forma lograr que los ciudadanos se sintieran más comprometidos con la elección de sus representantes políticos.

Se estableció a la vez que se le dio la condición de voto universal para desarrollar el concepto de civismo en la población, en el entendido de que quien debía acudir a depositar su voto buscaría enterarse más de aquello sobre lo que tendría que pronunciarse.

Esto último no ha ocurrido necesariamente, y quien vota, en muchos casos, sigue careciendo del nivel de información que se pretende.

La tesis de quienes favorecen el voto obligatorio es que todavía no estamos preparados para que el ciudadano decida si quiere o no acudir a votar, ya que si ello ocurriese probablemente crecería el ausentismo y esto podría en alguna forma afectar la legitimidad de quienes resulten elegidos. El argumento no deja de tener peso, pero con ese criterio podríamos estar postergando su implantación hasta sabe Dios cuándo.

Es muy difícil definir objetivamente cuándo una sociedad se encuentra preparada para asumir el voto voluntario. La respuesta es que nunca lo sabremos con claridad. La única manera de avanzar hacia dicho objetivo es mediante la transferencia de mayores responsabilidades a la sociedad, otorgándole las oportunidades de ejercer libremente sus derechos, aunque reconocemos que dicho proceso de maduración no carecerá de dificultades.

El llevar a las urnas al elector, sin que necesariamente sea esa su voluntad, tiene la desventaja de que el ciudadano lo haga simplemente por cumplir y no pagar la multa, sin que se logre el nivel de compromiso con el sistema democrático, tal como se pretende.

Nos reafirmamos hoy en lo que sostuviéramos hace nueve meses cuando dijimos: "Al pasar al voto voluntario para las elecciones del 2010 y 2011, como lo hemos propuesto recientemente, es muy probable que las campañas electorales estén menos dedicadas a vender un producto, para más bien destinarse a convencer a los ciudadanos y ciudadanas de las bondades de las propuestas y planteamientos programáticos de los candidatos y los partidos políticos". (El Comercio, 7/9/2007).

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