Legislador aprista propone importación de vehículos viejos y siniestrados

Por Alí Alava Merino / Luis Silva Nole

La Célula Parlamentaria Aprista (CPA), por intermedio del congresista Jorge León Flores Torres (PAP), representante de Tacna, presentó un proyecto de ley que, de prosperar, afectaría negativamente el ya vetusto parque automotor peruano; asimismo, incidiría en una mayor contaminación del medio ambiente y, probablemente, en la proliferación de más accidentes de tránsito.

En lo sustancial, el proyecto propuesto por un legislador de la bancada aprista pretende que se sigan importando vehículos usados, pero ya no únicamente con 80 mil kilómetros de recorrido como máximo, tal como lo establecen las normas vigentes, sino con 180 mil kilómetros. En otras palabras carros bastante trajinados y, por ende, con mayores niveles de desgaste en todos sus componentes.

En lo que respecta a la antigüedad, el proyecto legislativo señala que ella debería mantenerse en cinco años como máximo, tal como lo señala el Decreto Supremo 042-2006-MTC, vigente a la fecha.

Como se sabe, un vehículo que tenga hasta 180 mil kilómetros de recorrido en solo cinco años es probable que necesite una reparación mayor.

Al ingresar al país en esas condiciones, aun cuando en los países de origen las pistas puedan ser mejores que las nuestras, la carrocería de los vehículos necesitará, posiblemente, urgentes ajustes, y probablemente el motor estará a punto de ser bajado para reemplazar algunas piezas gastadas, o el sistema de freno y de dirección ya no ofrecerán la seguridad que se requiere para maniobras imprevistas y, por último, la emisión de gases alcanzará niveles peligrosos.

Por si fuera poco, la iniciativa legislativa también plantea que puedan ingresar a nuestro país vehículos chocados o semidestruidos, con un nivel máximo de siniestralidad del 70%.

Es decir, vehículos que fueron prácticamente desechados en otros países por haber sufrido fuertes choques o vuelcos sí podrían ingresar al Perú tranquilamente.

Al conocer este hecho, el parlamentario por Tacna Juvenal Ordóñez (PNP) expresó su desacuerdo con la pretensión de la bancada aprista.

Ordóñez sostuvo que la propuesta colisiona, definitivamente, con las buenas intenciones y los esfuerzos que hace el Gobierno (aprista, precisamente) para mejorar el parque automotor, disminuir los niveles de contaminación y los accidentes de tránsito.

Es preciso recordar que, paradójicamente, el Ejecutivo ha establecido el denominado bono de chatarreo, ha creado el Ministerio del Ambiente y está impulsando la conveniente conversión de vehículos gasolineros a sistemas de gas.

ADULTERACIÓN DE KILOMETRAJE
El tema de la importación de vehículos usados se puso sobre el tapete aproximadamente hace un mes cuando El Comercio, a través de su Unidad de Investigación, denunció que miles de vehículos usados que habían ingresado por Ilo y Matarani sufrieron la adulteración de su kilometraje, de tal manera que, en aplicación de las normas legales, pudiesen entrar al país.

En dicho informe dijimos que muchos de esos vehículos (automóviles, básicamente) eran comprados en Japón y Corea con 120 mil, 150 mil y hasta 200 mil kilómetros de recorrido, y que aquí, en algunos almacenes privados autorizados por la aduana, eran sometidos a la manipulación de sus odómetros para dejarlos con menos de 80 mil kilómetros.

La prueba de ello se basaba en documentos obtenidos en Japón, emitidos por el Ministerio de Transportes de ese país, en los que se consignaban las dos últimas revisiones técnicas por las que pasaron dichos carros y en las que aparecía que, efectivamente, tenían más de 80 mil kilómetros.

El 'trabajito' (de adulteración de odómetros) era realizado aquí, en el Perú, por técnicos inescrupulosos que cobraban unos 30 soles por cada automóvil.

En un día, cada uno de los cuatro técnicos que realizaban estas maniobras podían alterar el odómetro (digital o analógico) de hasta cien carros. Un negocio bastante lucrativo, por cierto.

Lo sospechoso de todo esto es que ni los responsables de los referidos almacenes privados, ni los oficiales de la aduana y tampoco los empleados de las empresas supervisoras, encargados de ver el recorrido de los vehículos, entre otras obligaciones, advertían tamaño latrocinio, cuando en Tacna toda la población lo comentaba desde hacía varios años.

La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, recibió de manos del propio congresista Ordóñez legajos completos (con pruebas irrefutables) de la adulteración que se hacía en los Ceticos de Ilo y Matarani.

La versión de nuestro Diario aportó también pruebas documentadas, que finalmente obligaron a que el fiscal de Tacna, Juan Coya, tomara cartas en el asunto.

El caso está en plena investigación fiscal con algunos incidentes a la vista. Por ejemplo, el juez Raúl Caballero Laura, en inusual celeridad, negó un pedido del fiscal para incautar decenas de automóviles con el kilometraje adulterado.

Sin embargo, mediante una rápida acción del fiscal de prevención del delito, se logró la inmovilización de unos 250 vehículos, en tanto se realizan las investigaciones.

El proyecto de ley presentado por el congresista aprista pretende justificar la importación de vehículos con las características arriba señaladas, apelando a la necesidad de muchas familias pobres de contar con un carro para su uso personal o para trabajo.

Sigue investigación de 250 vehículos
La Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Tacna anuló la resolución del juez provisional de investigación preparatoria Raúl Caballero Laura, quien había denegado la acción cautelar tramitada por el Ministerio Público de esa ciudad para incautar los vehículos usados que --se presumía-- habían sido sometidos a adulteración de sus respectivos odómetros.

La resolución fue emitida la semana pasada, luego de que el colegiado escuchara los alegatos de las partes.

En este caso, primó para la sala el criterio expuesto por el fiscal Juan Coya, quien señaló que los vehículos debían ser incautados porque existía la presunción de haberse cometido un ilícito penal.

Fue así que la Sala de Apelaciones decidió anular la resolución del juez Caballero Laura, y le indicó al magistrado que tendría que reformular su resolución en vista de que el caso tenía connotaciones penales y no tributarias, como él había sostenido al señalar que no era posible incautar vehículos que estaban en zonas primarias (Ceticos y Zofra-Tacna).

Cabe señalar que este Diario fue el que reveló las irregulares actividades realizadas en algunos almacenes de aduanas.

Fuentes del Ministerio Público de Tacna, sin embargo, aseguraron que ninguna ley que pretenda aumentar la cantidad de kilómetros para los carros importados afectará a los que ya se encuentran inmovilizados. "La ley no es retroactiva, y sobre estos vehículos (los inmovilizados) continúa la investigación", anotaron.

SEPA MÁS
Ministerio en desacuerdo
4En su presentación del 21 de abril ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, el viceministro de Transportes, Carlos Puga, expresó el desacuerdo de su sector de ampliar a más años el plazo para importar vehículos usados.
4El funcionario de Transportes también se opuso a que, cumplido el plazo legal de expiración, continúen funcionando los talleres dedicados a cambiar el timón de la derecha a la izquierda, tanto en los Ceticos como en Zofra-Tacna.
4El viceministro Carlos Puga dijo que los proyectos que pretenden ampliar los plazos van en contra de las políticas sectoriales, como la renovación del parque vehicular, la disminución de accidentes de tránsito y de la contaminación.