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Administración pública sin rostro humano

Resulta inadmisible que el anunciado objetivo del Gobierno de poner orden en el país no tenga, en algunos casos cruciales, un correlato en el respeto a los derechos fundamentales. Prueba de ello son las casi 33 mil quejas interpuestas ante la Defensoría del Pueblo principalmente por ciudadanos hartos de los maltratos que reciben a diario en diversas instituciones estatales.

Lo que refleja el Undécimo Informe Anual de la defensoría es sencillamente una vergüenza. Y es que de manera reiterada otra vez los sectores Educación y Salud, así como la Oficina de Normalización Previsional (ONP), acumulan el mayor número de quejas.

Lo dramático, sin embargo, no solo es la reiteración y el alto número de denuncias, sino la naturaleza de las quejas. En los dos primeros casos se trata de violaciones graves, que van desde acoso sexual a menores o cobros indebidos, hasta el maltrato a los pacientes, mala praxis o falta de medicamentos en los hospitales.

En cuanto a la ONP, es un caso aparte. Al parecer, hoy ha sistematizado mejor sus procesos, pero su servicio sigue careciendo de los estándares de calidad que demandan los jubilados. Su función es prestar servicios esenciales a personas de la tercera edad que cumplieron con cotizar al antiguo Sistema Nacional de Pensiones y que no tienen la culpa de la incapacidad de los gobiernos para manejar sus aportaciones y registrar adecuadamente sus prestaciones.

Siempre existirán sujetos inescrupulosos interesados en sorprender con información falsa para recibir una jubilación que no merecen, y por eso algunas denuncias contra la ONP han sido desestimadas. Pero como ha detectado la defensoría, en la ONP subsisten errores de gestión que tienen que corregirse ya, porque están penalizando a un considerable número de pensionistas.

Así como no es justo ni humano condenar a estas personas a las largas colas, a idas y venidas infructuosas, a dolorosas dilaciones y al maltrato constante, tampoco es tolerable mantener una gestión ineficiente que no está a la altura de las circunstancias.

Las observaciones anuales de la Defensoría del Pueblo no imponen sanciones, tampoco son vinculantes. Pero son fruto de investigaciones que el Gobierno debería tomar más en cuenta, si lo que quiere es reformar el aparato estatal real y cabalmente, y reducir el explicable malestar ciudadano que estos hechos generan.