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Necesario control de daños en conflicto de Moquegua

Es una buena noticia que finalmente se haya resuelto el conflicto de Moquegua, merced a complejos acuerdos del Gobierno Central con los representantes del gobierno regional, los alcaldes y los grupos sociales.

Sin embargo, no podemos dejar de llamar la atención y criticar el modo violento que caracterizó la protesta que mantuvo en vilo a todo el país, causó aislamiento y produjo graves daños económicos al sur y, peor aun, afectó seriamente el principio de autoridad.

Resulta exigible y necesaria una reflexión objetiva sobre lo que falló y sobre los personajes, de uno y otro lado, que deben asumir responsabilidades. Sin un control de daños estaríamos expuestos a que se repitan conflictos que afectan a tantos y pudieron evitarse.

Salta a la vista que el manejo policial de la crisis ha dejado mucho que desear. Fallaron los servicios de inteligencia y la estrategia, si la hubo, fue desastrosa, con interferencias entre las jerarquías y los mandos operativos y políticos, con las terribles consecuencias de ver a un general y a medio centenar de policías secuestrados.

Esto amerita dos cosas: por un lado, una investigación imparcial por un organismo independiente, en la que no puede condenarse a priori ni tomarse como chivo expiatorio al general Alberto Jordán; y por el otro lado, un largo trabajo de concientización nacional, para subrayar que la autoridad se respeta, que nadie tiene derecho a pisotear la ley y que no son necesarios bloqueos ni secuestros para resolver conflictos. La violencia solo genera más violencia, y quienes la propiciaron deben ser judicializados y sancionados, para no sentar un peligroso precedente de impunidad.

En cuanto a las fallas en la detección de conflictos, larvados o ya en desarrollo, advertidos por la Defensoría del Pueblo, ya se alzan voces de autocrítica en el mismo Ejecutivo. Según la Defensoría, existen más de 60 conflictos sociales, relacionados principalmente con temas medioambientales o con la distribución de recursos naturales, como el agua, o económicos como el canon.

El reto es enorme y atañe principalmente a la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, que debe ser reorganizada y potenciada para propiciar mecanismos de diálogo y entendimiento entre los grupos enfrentados, y aterrizar en la realidad las expectativas, a veces desmesuradas, de algunas poblaciones. Asimismo, hay que darle atribuciones para articular soluciones con los ministerios.

En el caso de Moquegua se sabía del problema de cálculo y redistribución del canon, que venía de años atrás. Pero tuvo que esperarse una coyuntura de gran presión social para recién empezar a trabajar alternativas de doble contabilidad para las mineras y de atención prioritaria a proyectos distritales.

Adicionalmente, tiene que mejorarse los mecanismos de enlace con los gobiernos regionales e involucrarlos aun más para que asuman las responsabilidades que les corresponden y que no acudan al recurso facilista de echarle la culpa de todo al Gobierno Central. Por lo demás, es una paradoja inaceptable que los gobiernos regionales sigan pidiendo recursos, cuando no pueden gastar el presupuesto que ahora tienen, debido a la falta de voluntad política y de capacidad técnica para elaborar proyectos de factibilidad.

Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, tenemos que enfatizar que para el conflicto creado entre Moquegua y Tacna solo hay una solución definitiva: formar una macrorregión. Esa es la vía no solo para evitar roces, sino también para elaborar proyectos conjuntos que atraigan inversiones, eviten la duplicación de esfuerzos y potencien la explotación racional y competitiva de recursos, lo que permitirá beneficiar a los pobladores y crear más empleo. Para ello hay que vencer los absurdos celos atávicos y las resistencias interesadas de caudillos locales, que no tienen razón de ser. Ese es del desafío de los líderes regionales responsables y de los poderes Ejecutivo y Legislativo: retomar el proyecto de fusión de regiones, sin politiquería ni intemperancias de ningún tipo.