Cinco nuevos penales proyectan construir hasta el año 2011

Por José Santillán Arruz

Cuando en octubre del 2007 se declararon en emergencia los penales Miguel Castro Castro, de Canto Grande, y Piedras Gordas, de Ancón, lo único que se hacía era reconocer los graves problemas de hacinamiento e inseguridad que castigaban, desde hace ya varios años, a esos centros penitenciarios de la capital. El penal de Lurigancho es tal vez el peor ejemplo de lo que ello significa: construido en 1964 para tan solo 1.800 reos, en la actualidad alberga a unos 9.000 internos.

Esta dramática situación de tugurización y hacinamiento carcelario podría, sin embargo, revertirse paulatinamente debido a la puesta en marcha del Programa de Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria (PDIP) 2008-2017, que proyecta, en tres etapas, edificar 15 penales en todo el país durante ese período.

Sin embargo, los proyectos más inmediatos y que se pondrán en ejecución corresponden a la primera etapa 2008-2011, la cual contempla construir cinco cárceles y ampliar otras ya existentes, de modo tal que estas puedan albergar a unos 10 mil reclusos de los penales más sobrepoblados del país, principalmente de aquellos que se hallan en la capital.

Por lo pronto, y en unos tres meses, es decir, en octubre próximo, ya debe estar abriendo sus puertas el penal de Tarapacá, el cual se está habilitando y construyendo, en convenio con el Ministerio de Defensa, en parte de las instalaciones del cuartel militar del mismo nombre, situado en la cuadra 4 de la avenida Caminos del Inca, cerca a Los Pantanos de Villa, en Chorrillos. Allí se proyecta trasladar a unas 400 internas del penal de mujeres de Chorrillos. Adicionalmente se habilitará un pabellón donde serán recluidos algunos militares o policías sentenciados por delitos de lesa humanidad.

Leonardo Caparrós, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), aclaró, no obstante, que no se tratará de un penal militar como se ha venido especulando. "El control, la vigilancia y la administración de ese penal estará totalmente a cargo del INPE", precisó.

Hay que recordar que hace un año se dijo que en esas mismas instalaciones se iba a construir la nueva sede del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Otro penal que se edificará en Lima será el de Piedras Gordas II, en Ancón, cuya licitación se convocaría en los próximos días. Con capacidad para unos 2.000 internos -- 1.500 de los cuales provendrían del penal de Lurigancho-- , estaría listo a fines del próximo año, explicó Caparrós.

A principios del próximo año, se construirá otra cárcel en Chincha, la cual tendrá una capacidad para mil internos, aunque falta definir su ubicación. Mientras que los centros penitenciarios que se ampliarán son los de Huacho, Huaral, Tacna, Ica y Moyobamba, que recibirán en conjunto a unos 2.600 internos adicionales.

CONCESIÓN A LA VISTA
Del mismo modo se han previsto construir los penales de Huaral II y Cañete II, cada uno con una capacidad para 2.000 reclusos, bajo la modalidad de concesión. Reconoció, sin embargo, que aún están por definirse los criterios de administración, es decir, determinar si será una concesión plena o un control compartido.

Dijo que de todas maneras las obras de ambos presidios empezarán a mediados del próximo año. "No olvidemos --refirió-- que el INPE no tiene los suficientes recursos para afrontar cuatro mil nuevas plazas, para las áreas de logística, personal, infraestructura. Lo que estamos tratando es un sistema que permita al INPE concentrar mejor sus recursos en lo que ya tiene y que el sector privado empiece a asumir nuevas responsabilidades con lo otro".

Sobre el particular, el sociólogo y experto en temas carcelarios José Luis Pérez Guadalupe sostuvo que resulta positivo el anuncio de nuevas cárceles, por cuanto es un hecho innegable de que son necesarias. A pesar de ello, mostró su reserva respecto al caso de una eventual concesión de algunas prisiones, por cuanto no están claros aún los objetivos de la propuesta.

"Por lo demás --comentó-- hay que ver en qué medida estas construcciones supondrán menos hacinamiento hacia el 2017. No olvidemos que para el 2015 se había previsto 42 mil reos en las cárceles, pero hoy superamos esa cifra".

Caparrós confió en que, con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, la activa política de indultos y de dar educación y trabajo a los reos para acelerar sus beneficios se reduzca la población carcelaria.

CLAVES
4La población penal del Perú es de 43.137 internos distribuidos en 79 penales. La capacidad de albergue de estos, no obstante, es de 22.589, lo que significa que hay una sobrepoblación del 91% de reclusos.
4El objetivo del Ministerio de Justicia y del INPE al 2017 es haber creado 31 mil nuevas plazas a través de nuevos penales o la ampliación de los existentes, a fin de reducir drásticamente los niveles de hacinamiento.
4En la segunda etapa del PDIP (2011-2014) se prevé construir dos penales en Lima.

DEL CONSULTOR
Hay que invertir en cárceles (*)
En nuestro sistema penitenciario --como en todos los de la región--, los problemas crónicos son muchos. Aunque es difícil hacer una relación en orden de gravedad, con certeza, el hacinamiento es uno de los principales aspectos que se debe enfrentar, no solo porque agota los servicios básicos, facilita la corrupción e incrementa las tasas de TBC y VIH/sida, sino porque alimenta la violencia interna, ese fenómeno invisible que deteriora la personalidad de los detenidos.

Por ello, enhorabuena el anuncio de la ministra de Justicia de habilitar un antiguo cuartel para albergar a 400 internas del penal de Chorrillos, así como la pronta construcción de un penal en Ancón y otro en Cañete. Invertir en cárceles es tan importante como hacerlo en salud o en educación, y más trascendente que comprar patrulleros. La razón es una, la cárcel tiene una directa relación con la reincidencia y la inseguridad ciudadana. Por ello, si realmente queremos reducir los niveles de crecimiento de la delincuencia, tenemos que invertir en penales, para superar el déficit de más de 20.000 celdas.

De otro lado, destinar la proyectada infraestructura a internos primarios es una necesidad. Un aspecto básico para hacer viable el propósito resocializador de la pena es ofrecer al interno condiciones adecuadas de reclusión sobre la base de una rigurosa clasificación. Solo entonces podremos ofrecer a los más de 17.500 internos, que tienen entre 18 y 29 años, una real oportunidad para vivir en libertad.
(*) Wilfredo Pedraza. Abogado, ex jefe del INPE