Nuevo enfoque ambiental

Editorial. "El Mercurio" de Chile

Para sorpresa de muchos, la ministra Ana Lya Uriarte anunció que se eliminarían las comisiones regionales de medio ambiente (Corema) en el proyecto de ley que modifica la institucionalidad en esta área. Actualmente, son la instancia regional que aprueba o rechaza los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Serían reemplazadas por nuevos organismos que respondan más centralizadamente al nuevo Ministerio del Medio Ambiente.

La composición actual de las Corema muestra errores de diseño. Las integran los intendentes, gobernadores regionales, secretarios regionales ministeriales (seremis) de los ministerios que componen el consejo directivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) y cuatro consejeros regionales, también elegidos centralmente. Además, dependen del Gobierno Central, a través del intendente.

Su funcionamiento ha sido muy criticado por todos los sectores, debido a su excesiva politización, su nula capacidad de responder a intereses nacionales o regionales y su proceder poco técnico. Por su composición y atribuciones, conducen a resultados socialmente ineficientes. No disponen de vías para tratar adecuadamente los intereses regionales y locales, que en muchos casos preferirían menos restricciones para aumentar el empleo, y en otros desearían más protección ambiental. Tampoco han sido exitosos en articular el interés suprarregional o nacional, como podría esperarse de su dependencia central.

Pese a la infinidad de críticas, las políticas ambientales chilenas han sido relativamente eficientes: nuestro país ocupa el puesto 26 entre más de 130 naciones analizadas por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) en términos de desempeño ambiental, por sobre Holanda, Bélgica y EE.UU.

Para mejorar la institucionalidad regional, la propuesta gubernamental plantea un sistema centralizado por un nuevo Ministerio del Medio Ambiente, cuyos representantes regionales tendrían un rol coordinador en ese nivel, y se excluiría a los intendentes, gobernadores y consejeros regionales. Se afirma que esto podría dar más coherencia a sus decisiones y evitaría que consideraciones políticas regionales e interministeriales --a través del consejo directivo-- determinen las evaluaciones ambientales de los proyectos. La nueva estructura parecería ir contra las políticas de descentralización, pero también la actual tiene un alto grado de centralización, encubierto en formas regionales.

Hasta donde se advierte, el nuevo proyecto no resuelve el problema de cómo compatibilizar una participación ciudadana regional y local con la reducción del riesgo de captura del sistema regional por grupos de presión ambientalistas o empresas contaminantes. Sin embargo, el esquema actual no brinda una descentralización real, ni tampoco la coherencia que se le supone a la centralización. Cabe, pues, esperar que el debate de esta propuesta atienda con gran cuidado al diseño organizacional, de modo que lo técnico-jurídico prevalezca por sobre lo ideológico-emocional, considerando que las instancias resultantes podrían aplicar sanciones severísimas.