La resistencia a las reformas

Por Jaime de Althaus Guarderas

En el Perú hay, políticamente hablando, dos países: uno que crece y se integra cada vez más al mercado interno y al mundo o se moviliza para conseguir integrarse en mejores condiciones; y otro dedicado a sabotear al primero. Este segundo es el que organizó el llamado paro nacional, que fue una confluencia de paros disímiles, algunos de ellos dentro de la lógica del primer país, que lucha por más recursos públicos que le permitan integrarse mejor pero otros, los más organizados, pugnando por defender prebendas excluyentes del orden populista anterior o sencillamente por torcer el rumbo económico que nos está permitiendo crecer a tasas altas

Es asombroso, por ejemplo, que el sindicato de construcción civil proteste en medio de la tasa de crecimiento de la construcción más alta de la historia del Perú. En abril esta se expandió en ¡33,9%! Hay tanto trabajo en ese sector que quizá por eso quieran descansar, o pueden darse el lujo de hacerlo. Pero más asombroso aun es que el mencionado sindicato suscriba una plataforma cuya consecuencia inmediata, si se aplicara, sería paralizar la construcción y enviar a sus casas a los trabajadores sin esperanza de recontrato. Pues no a otra cosa conduciría la cancelación de los TLC y la nacionalización de los recursos estratégicos. La inversión se retraería de manera drástica y regresaríamos a la angustia feroz del país inviable.

No obstante, el contingente más grueso de las movilizaciones en el interior estuvo formado por los maestros del Sutep, el otro pilar de la CGTP. Pero resulta que el Sutep se moviliza con una sola bandera: derogación de la ley de carrera pública magisterial, es decir, del instrumento indispensable para mejorar la calidad de la enseñanza. El Sutep quiere perpetuar la propiedad absoluta de los puestos de trabajo en el magisterio, a costa de los alumnos y padres de familia. Esa protesta es ilegítima, antihistórica, inaceptable.

Pero lo que resulta alucinante es que la plataforma de la CGTP proteste contra el decreto legislativo que establece un régimen laboral y tributario especial para la microempresa y pequeña empresa, a fin de que centenares de miles de trabajadores sin derechos puedan acceder a ellos.

Jamás se ha visto movimiento tan reaccionario. Son dirigencias que quieren perpetuar prebendas rentistas remanentes del orden populista anterior: la propiedad absoluta del puesto de trabajo a costa de los usuarios y los consumidores, beneficios laborales exclusivos y excluyentes. También se oponen a la modernización y capitalización de las comunidades campesinas vía su titulación interna y su asociación con empresas privadas para proyectos de forestación, ganadería y otros. Son los pequeños caciques agrarios que intermedian políticamente la pobreza de sus bases, que temen perder sus canonjías.

Son todos intereses del pasado, de las estructuras más atrasadas y parasitarias del país. Es su resistencia al cambio, a la segunda ola de reformas modernizadoras. Lo que no significa que no haya malestar por el alza del precio de los alimentos --de origen externo-- y por la percepción de un gobierno alejado y preocupado solo por los grandes. Y que, por lo tanto, no deba el Gobierno cambiar de estilo y bajar al llano para trabajar con la gente entregando instrumentos eficaces directamente al que quiere salir de la pobreza.