El primer ministro, Jorge del Castillo, reconoció que el Estado necesita un lenguaje más asequible para el ciudadano y se opuso al empleo de una terminología rebuscada en los documentos públicos, mientras que la funcionaria de la Defensoría del Pueblo Elena Alvites dijo que no existe una política orientada a que la información pública sea presentada de manera clara.
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No existe una política que fomente claridad en páginas web y documentos estatales