Las mypes y la inclusión social

Por AlfredoTorres G. Director ejecutivode Ipsos Apoyo

En los días en que la CGTP andaba abocada a la organización de su paro nacional, el Gobierno promulgó la nueva ley de la microempresa y pequeña empresa, una norma que si es debidamente aplicada puede ser la disposición laboral de impacto más favorable en décadas. La gran mayoría de trabajadores cubiertos por esta norma no forma parte de la CGTP, pero su alcance potencial es enorme: el 86% de los trabajadores asalariados privados trabaja en una mype.

Hoy, la gran mayoría de esos trabajadores carece de seguridad social, fondo de pensiones, vacaciones o de alguna compensación si son despedidos. No necesariamente porque sus empleadores sean unos abusivos, sino porque las mypes donde laboran tienen una productividad muy reducida, lo cual las lleva a operar con frecuencia en la informalidad.

Bajo el régimen general, un trabajador que percibe el salario mínimo legal de 550 soles al mes, le cuesta a su empleador 913 soles. Para muchas empresas la diferencia entre pagar 550 soles a un trabajador 'contratado' y absorber los 913 soles que representa su incorporación a la planilla constituye la diferencia entre ganar y perder dinero, entre continuar operando y cerrar el negocio. Con la nueva norma, el costo laboral para un trabajador en planilla disminuirá a 761 soles en la pequeña empresa y a 633 soles en la microempresa.

Con la nueva ley, las vacaciones y gratificaciones de julio y diciembre serán de 15 días. En el régimen general son de 30 días, pero en el mundo real de la mayoría de las mypes son inexistentes. En el caso del seguro social y las pensiones, las beneficiadas serán las microempresas, donde el 50% del aporte será subvencionado por el Estado. No debería sorprender, entonces, que el nuevo régimen laboral para las microempresas cuente con la aprobación del 62% y la oposición de solo el 18% de los entrevistados por Ipsos Apoyo, como destacó El Comercio el último domingo.

La opinión pública apoya la norma, pero la recibe con escepticismo. Solo el 9% cree que la mayoría acatará la ley. La experiencia les da la razón. Ya hubo un régimen laboral especial para las microempresas que pasó desapercibido. Para que esta frustración no se repita, nueve de cada diez entrevistados apoya que se lleven intensas campañas de comunicación, se den facilidades a las microempresas para formalizarse y se incremente el número de inspectores para esta tarea. Quizá lo que se requeriría es que los inspectores se conviertan en promotores de la nueva ley, negocio a negocio, puesto a puesto. Pocas normas pueden tener un impacto más en la inclusión social como esta ley, si se aplica correctamente.