Resulta intolerable que los delitos informáticos sigan propagándose cual plaga bíblica, sin que los culpables rindan cuentas ante la justicia.
Peor aun, las fechorías cada vez son más sofisticadas y temerarias, llegando al nivel de la burla. Como lo reveló El Comercio en su edición de ayer, han osado usurpar los emblemas de la Policía Nacional para, vía e-mail, infectar computadoras e invadir distintas bases de datos personales con el fin de robar información.
En suma, no solo enfrentamos a los maliciosos hackers que penetran páginas web y difunden información falsa, como la inventada embolia de la esposa del jefe de Estado, sino que estamos ante un grupo de avezados delincuentes que conocen del manejo informático y de la manipulación en la red, por la cual despojan de toda reserva al usuario y comenten toda suerte de tropelías delincuenciales.
Ante la grave dimensión del problema, y pese a la dificultad que implica identificar y sancionar a quienes operan a través de distintas cabinas de Internet, es imperativo que las fuerzas del orden, los fiscales y jueces estén a la altura de las circunstancias y presenten resultados concretos contra esta modalidad delictiva.
En este caso, las leyes existen y están perfectamente vigentes pues hay todo un capítulo en el Código Penal dedicado a los delitos informáticos. El punto es empezar a capturar a estos bandidos y aplicar sanciones ejemplares y públicas. De lo contrario, la impunidad hará que la plaga continúe con todos los perjuicios que ello significa para los usuarios, su privacidad y su seguridad.