Por Pedro Ortiz Bisso
Con ese desenfadado oportunismo al que nos tiene acostumbrados, el Congreso acaba de hallar una nueva víctima para calmar el figuretismo de algunos de sus miembros: la ministra de Transportes y Comunicaciones. Un parlamentario ha anunciado que presentará una moción para interpelarla por la seguidilla de accidentes mortales en las carreteras y otro, para no ser menos, ha dicho que tramitará una denuncia constitucional en su contra. Las muertes en las pistas no disminuirán con estos remedos de ajusticiamientos públicos que, aderezados con la enumeración masoquista de cifras de accidentes y alguno que otro detalle escabroso, seguramente terminarán con el pedido de llevar al cadalso a la ministra, como si fuera la única culpable de estas masacres sobre ruedas de las que somos testigos un día de por medio.
Verónica Zavala tiene su cuota de responsabilidad que, por supuesto, no es poca. Pero mientras no se asuma el problema del transporte terrestre con una propuesta integral, los ministros seguirán pasando por el edificio de la avenida Tingo María y la sangre no cesará de discurrir por las carreteras.
Los otros actores de este drama, cuyo desarrollo y final conocemos, son varios: la policía que se hace de la vista gorda y no controla, el Poder Judicial que acepta amparos escandalosos y no sanciona a los infractores, los gobiernos regionales a los que poco les interesa fiscalizar a las empresas y terminales terrestres, y el pasajero, que acepta sin reclamos viajar en condiciones deplorables, arriesgando su vida.
Sin embargo, cualquier medida quedará en sola intención si detrás no existe una decisión política firme de querer cambiar las cosas y, como ya han puntualizado algunos analistas, un liderazgo efectivo que señale el camino. El Perú está atiborrado de leyes enérgicas y meticulosas que nadie cumple porque no hay quien tenga la valentía de hacerlas respetar. La orden que diera el Ministerio de Transportes el último viernes de suspender a dos empresas de transporte debió haberla tomado hace mucho tiempo. Mostrar que quien transgrede la ley debe y puede tener un castigo, que el usuario tiene detrás a un Estado decidido a defenderlo, era una medida que se aguardaba con impaciencia; pero hace falta mucho más. ¿Qué ocurre con los informales, por ejemplo? ¿Qué hace falta para mandar al depósito a tanto bus maltrecho, donde el pasajero viaja de pie y el conductor maneja con el sueño tatuado en las pestañas?
Sabe Dios si al momento que usted lee estas líneas, un bus se está desbarrancando en alguna carretera serrana. Sin liderazgo y una acción concertada, tenga por seguro que luego de que termine de leer este párrafo más vehículos terminarán con sus fierros hundidos en la cordillera.