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Un debate pendiente

Por Ana María Zucchetti. Bióloga

Osinergmin tuvo el acierto de organizar un debate de alto nivel técnico y político sobre uno de los temas de mayor actualidad en América Latina y el mundo: los biocombustibles. Frente a la crisis del petróleo y al cambio climático, los biocombustibles han sido presentados --por algunos-- como la panacea para generar mayor autonomía energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la promoción de la caña, la palma aceitera y del maíz para producir energía ha suscitado diversas polémicas, pues existe información contradictoria respecto a su balance energético (en algunos casos, se consume más energía en producirlos que la energía que generan) y sobre su impacto en el precio de los alimentos (variable desde el 3% al 80%, según a quien se consulte), además de sus reales beneficios ambientales.

Las experiencias de Brasil y Colombia demuestran que, a través de una política nacional de largo plazo que tenga adecuadas previsiones sociales y ambientales, los combustibles de origen biológico pueden convertirse en una opción rentable que dinamiza el empleo rural, promueve la autosuficiencia energética e, incluso, contribuye a reducir la contaminación. Brasil ha desarrollado toda una industria alrededor del etanol y es, ahora, exportador de energía, tecnología y conocimiento sobre el tema. Colombia está desarrollando un interesante esquema que da prioridad al empleo masivo rural bien remunerado en proyectos de agrocombustibles, en los cuales los campesinos son socios de los negocios. Bogotá, promoviendo el consumo obligatorio de gasolina con un contenido mínimo de 10% de biocombustible, ha reducido la emisión de 2 millones de toneladas de CO₂ en los últimos años.

El Perú, como otros países de la región, tiene ventajas comparativas para la promoción de cultivos energéticos, como el clima y la disponibilidad de tierras eriazas, además de especies particulares de la selva (el piñón o la higuerilla) cuyo potencial energético aún debe investigarse en profundidad. Pero si no se desarrolla una política nacional con un enfoque integral, que no se preocupe solamente de facilitar las inversiones sino de generar desarrollo rural y prevenir los impactos ambientales potenciales de los biocombustibles, los daños pueden ser mayores a los beneficios. El doctor Luis Paz, sabio peruano experto en el tema, nos alerta sobre las posibles consecuencias como la deforestación de la selva, la destrucción de la biodiversidad, la inseguridad alimentaria y los conflictos por agua y tierras. El ministro Brack ya ha definido tres condiciones mínimas para una política agroenergética: uso eficiente del agua, aprovechamiento de eriazos y conservación de los bosques.

Es claro que una política de biocombustible debe articularse estrechamente a una política energética que dé prioridad ante todo la eficiencia energética y el desarrollo de otras fuentes de energía sostenible; a una institucionalidad ambiental que garantice el cumplimiento de las reglas de juego (en particular, de ordenamiento territorial y de fiscalización ambiental, hoy casi ausentes), y a una política de seguridad alimentaria.

Los biocombustibles constituyen una oportunidad para la inversión, la inclusión y la investigación, y pueden desarrollarse adecuadamente si se aplican estándares de sostenibilidad. Estamos en el momento propicio para que así sea.