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La tentación del conflicto de intereses

Por: Juan Paredes Castro |

Si hay un partido obligado a evitar al extremo el conflicto de intereses en el ámbito del Estado es sin duda el fujimorismo.

Y no es que esto signifique merma alguna en sus prerrogativas políticas. Podría más bien abonar a un mayor compromiso suyo con el sentido de las proporciones, que tanta falta le hace.

Más allá y más acá de su derecho a participar en política, a elegir y ser elegido y desempeñarse en las funciones públicas que le corresponden con todo derecho, el fujimorismo sabe que hay razones obvias y de sobra que separan estas legítimas prerrogativas de cualquier eventual vinculación, directa o indirecta, con los procesos judiciales que enfrenta su líder, el ex presidente Alberto Fujimori, y muchos allegados y adversarios suyos de ayer y hoy que podrían pasar, en algún momento, por el inevitable filtro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

La advertencia viene al caso a propósito de las posibilidades de que esta importante y decisiva subcomisión recaiga precisamente en un congresista o una congresista del fujimorismo, que podría ser Martha Moyano, cuya filiación partidaria y vehemencia política no cubren la talla de formación, independencia y criterio para desempeñarse en el cargo. Es más: ni siquiera la alternativa del fujimorismo en esta subcomisión viene de una elección parlamentaria interna sino como producto del pacto político que aseguró la elección de Javier Velásquez Quesquén en la presidencia del Congreso.

Al pactar esta peligrosa desnaturalización de la presidencia de acusaciones constitucionales, Velásquez Quesquén debió haber andado con más cuidado, cosa que lo coloca en la embarazosa situación de tener que lidiar ahora con el fujimorismo para negociar la búsqueda de otro cargo que no sea el símbolo mayúsculo de más de un conflicto de interés.

¿Qué mueve al fujimorimo a reclamar el manejo de una delicadísima subcomisión como esta? Por ella pueden pasar denuncias de rango constitucional que van desde el presidente de la República hasta el contralor, incluidos congresistas, ministros y ex ministros, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura, fiscales y vocales supremos y hasta la defensora del Pueblo. ¿Quiere el fujimorismo tener la sartén de las acusaciones constitucionales por el mango, para qué y por qué?

Al primero que le corresponde desentrañar este inusitado apetito político es al presidente del Congreso, porque en él rebotará todo el pasivo de esa subcomisión en manos del fujimorismo.