Anaya podría ser condenado a pena privativa de la libertad

El procurador del Congreso, Julio Ubillús, afirmó ayer que el congresista José Anaya, de las filas de Unión por el Perú (UPP), podría enfrentar una pena de hasta cuatro años de prisión (un juez determinaría si es efectiva). Esto si se comprueba que presentó facturas falsas para justificar sus gastos operativos (cuyo tope máximo es de S/.7.400 al mes).

"De acuerdo con las normas administrativas, todo el que presenta una declaración jurada es responsable de cualquier alteración, omisión o fraude que exista en ella. Rendir cuentas es un proceso en el que se eleva una declaración jurada y de contener datos falsos y visos de irregularidad, amerita una pena privativa de la libertad", detalló Ubillús en entrevista a CPN Radio.

Recordó que Anaya ha sido denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por los delitos de falsa declaración en proceso administrativo, contra la fe pública y peculado; y que un fallo condenatorio lo inhabilitaría automáticamente del cargo congresal.

También aclaró que no hubo demora en la formalización de la denuncia, si se considera que "en solo 48 horas se ha tenido que contrastar información y formar criterios".

"Este caso ameritaba constatación y verificación de documentos. No se lo puede comparar con el de la congresista Margarita Sucari (Bloque Popular), en el cual las irregularidades eran evidentes al existir grabaciones que las confirmaban", recalcó Ubillús.

Señaló, además, que de encontrarse ilícitos penales, la subcomisión propondrá el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Anaya para que sea juzgado por el Poder Judicial, y que será el pleno del Congreso el que decidirá si se le suspende por el tiempo que dure todo el proceso.

"Cabe recordar que la Comisión de Ética (Parlamentaria) se ocupará del comportamiento moral del congresista, y podría suspenderlo por 120 días sin goce de haber", concluyó.

PROBABLE EXPULSIÓN
Consultado por este Diario, el presidente de Unión por el Perú, el congresista Aldo Estrada, sostuvo estar de acuerdo con la denuncia que se ha presentado ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales y espera que de esta forma se esclarezca el caso en el que se ha visto envuelto su compañero de bancada.

"Nosotros no vamos a apañar situaciones irregulares, pero demandamos que se investiguen con detenimiento los hechos para que finalmente se determine si José Anaya es responsable de los delitos que se lo acusa", señaló.

Estrada sostuvo que su colega será expulsado de su agrupación si a lo largo del proceso se presentan pruebas que demuestren su culpabilidad. "Por ahora solo nos queda esperar a ver qué ocurre".

El parlamentario Oswaldo Luizar (Bloque Popular) también estuvo de acuerdo con el accionar del procurador Julio Ubillús, al considerar que las acusaciones que recaen sobre Anaya son extremadamente delicadas y merecen una investigación seria y exhaustiva.

"No importa de quién se trate, creo que en cualquier situación similar a esta se debe actuar del mismo modo. Solo así sabremos si se puede confiar en los congresistas", manifestó.

Asimismo, el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP), que desde el jueves último insistía en denunciar a Anaya ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales, afirmó que era inaceptable remitir este caso a la Comisión de Ética Parlamentaria porque la "evidente" falsificación de boletas y facturas constituye un delito.

"El colega Anaya ha engañado a la institución a la cual sirve y de la cual recibe su remuneración (...) Esperemos que el pleno acuerde desaforarlo para ponerlo en manos del Poder Judicial", dijo.

PARA RECORDAR
4Las perlas de otras bancadas
Margarita Sucari (BP)
El 4 de agosto del presente año fue denunciada constitucionalmente por los delitos de falsedad genérica, abuso de autoridad y peculado. Sucari le recortó el sueldo a un auxiliar para pagar a personas sin vínculo laboral con el Congreso.

Ricardo Pando (GPF)
Fue denunciado constitucionalmente el 26 de marzo del 2008 por la contratación de un auxiliar fantasma y por los delitos de falsedad genérica, colusión y peculado. Pidió perdón públicamente y se salvó de ser desaforado.

Tula Benites (PAP)
El 31 de mayo del 2007 fue denunciada constitucionalmente al haber contratado a un auxiliar que nunca acudió a trabajar y que dejó su cuenta corriente a libre disposición de la parlamentaria. Fue acusada de los delitos de peculado, colusión y falsedad genérica. El desafuero de Benites se hizo oficial el 18 de marzo de este año.

Elsa Canchaya (UN)
Fue denunciada constitucionalmente el 28 de mayo del 2007 por los delitos de nombramiento y aceptación indebida para cargo público, contra el patrimonio en la modalidad de estafa y contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica. Canchaya designó a su empleada del hogar como asesora de su despacho, sin que esta contara con los requisitos que el Congreso exige para el cargo. Fue desaforada.