Enviar

Por el bien de la democracia: ¡Mejoren imagen del Congreso!

El Caso Anaya colmó el vaso. Finalmente, y solo ante la fuerte presión de una hastiada e indignada opinión pública, el Congreso decidió que su procurador denuncie por falsa declaración en proceso administrativo, contra la fe pública y peculado al congresista José Anaya Oropeza (UPP). El proceso debe ser sumario y proceder de inmediato al desafuero para que sea juzgado por los tribunales de justicia. ¿O no es acaso un robo el falsificar una factura para quedarse con el dinero sobrante?

Aún se está a tiempo de mejorar los créditos del Legislativo y rescatarlo de esa mala imagen tan profundamente enraizada en la opinión pública desde hace años y décadas. Sin embargo, hoy ha hecho crisis. Según publicamos en esta edición, la aceptación pública del Congreso es de solo 9%. Y eso afecta la gobernabilidad.

Las consecuencias de esta debacle no solo atañen al Congreso, son de fundamental interés de todos los peruanos, pues a más descrédito de las instituciones tutelares --el Congreso, entre otras-- crece la aceptación popular de los grupos antisistema. Esto, con miras al 2011, resulta inmensamente peligroso para la democracia.

Por ello, ante la coyuntura del Caso Anaya y los que lo acompañan en la picota: José Vega (UPP), Gustavo Espinoza (ex PNP), Miro Ruiz (PNP) y Margarita Sucari (ex UPP) no se puede pretender convertir la inmunidad parlamentaria en burda impunidad. Esto lo respalda el 91% de los limeños, que aprueba que se los destituya.

Hay gravísimos problemas de fondo que los congresistas deberán afrontar de manera radical para rehabilitar la institución parlamentaria. Esto empieza por cambiar la actual cultura congresal: pensar primero en ellos, luego en el partido y recién, después, en el país; lo que popularmente se conoce como el otoronguismo: ese "dejar hacer, dejar pasar, para que cuando se trate de uno de mi grupo reciba igual beneficio".

¿Qué lectura tendrán los peruanos si el otoronguismo vuelve a triunfar en el Caso Anaya? Muy claro: que robarle al Estado mediante la falsificación de facturas es una práctica establecida y, por lo tanto, de uso corriente entre todos los legisladores. Pero habrá otra consecuencia aun peor: la pera en dulce que se le estará regalando al antisistema, que verá fuertemente reforzado su objetivo de fondo: acabar con la democracia.