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Un ministerio para la cultura

Por Santiago Alfaro Rotondo. Sociólogo

En el último medio siglo, la creación de ministerios se ha constituido en el modelo institucional dominante utilizado por los estados modernos para la gestión pública de la cultura y las artes. Su origen se remonta a 1959, año en el que el presidente francés Charles De Gaulle fundó el primer Ministerio de Cultura durante un régimen democrático.

Posteriormente, la mayoría de los países de la Unión Europea y América Latina siguieron el ejemplo de Francia. Estos últimos formularon organismos con rango ministerial exclusivamente para la cultura o bien para la cultura y otros sectores, como la educación o la juventud y los deportes. En ningún caso se integró la cultura con el turismo en una misma institución, siguiendo una tendencia mundial evadida solo por pocos países como Corea, Indonesia, Nepal y Turquía. El Perú, Nicaragua y Panamá son los únicos que optaron por el diseño de institutos nacionales de cultura, autónomos pero de modo jerárquico subordinados a sus respectivos ministerios de Educación.

Son múltiples los argumentos a favor de hacer un cambio e inclinarnos por crear un Ministerio de Cultura. Entre ellos, resalta uno de orden político-administrativo: el rango que actualmente tiene el Instituto Nacional de Cultura (INC) dentro de la estructura del Estado es insuficiente para poder conservar, transmitir y poner en valor nuestro amplio patrimonio arqueológico, artístico e histórico, promover la creatividad e innovación y garantizar el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios culturales.

Es insuficiente porque al ser un organismo público descentralizado (OPD), el INC no tiene la capacidad para negociar partidas presupuestarias ni para concordar metas estratégicas coherentes tanto dentro del sector cultural como con el resto de carteras ministeriales.

Lo primero se evidencia en el reducido presupuesto asignado a la cultura. La Unesco recomienda que este ascienda como mínimo al 1% del PBI, pero actualmente llega solo al 0,1%, uno de los más bajos de América Latina. Un sitio dentro del Consejo de Ministros definitivamente aumentaría las posibilidades para revertir esta situación.

Lo segundo es una tarea ineludible debido a que actualmente el Estado despliega políticas culturales desde múltiples sectores, utilizando enfoques diferentes. Mientras que el INC difunde a nivel educativo y registra etnográficamente las actividades culturales, el Mincetur impulsa su exportación, consumo interno y gestión empresarial. Uno realiza políticas de protección y el otro de promoción a través de visiones contradictorias sobre el lugar que ocupa la cultura en la economía y globalización.

Como consecuencia se duplican esfuerzos, se dificulta el necesario complemento entre las distintas iniciativas emprendidas y se atiende de manera dispersa las demandas culturales de la población.

Un ministerio de cultura podría planificar con mayor coherencia la formulación y aplicación de políticas públicas, combinando de manera equilibrada medidas de protección y promoción de las expresiones situadas tanto fuera como dentro del mercado. Asimismo, tendría una mayor capacidad para coordinar acciones con el resto de ministerios, como la inversión en infraestructura (redes viales, electrificación, telecomunicación, etc.) en regiones donde se proyecta establecer programas culturales.

Las actividades culturales constituyen un sector clave para el desarrollo integral de los ciudadanos: son fuentes para la construcción de identidades y, a la vez, el crecimiento económico. Elevar su jerarquía dentro de la administración pública es una medida justificada que permitiría crear mejores condiciones para gestionarlas eficientemente.