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Los diversos intereses que están en juego

Los asháninkas y aguarunas, los grupos étnicos amazónicos con mayor población, fueron los que impulsaron la organización de las comunidades, allá por los años 60 y comienzos de los 70. La experiencia populista del gobierno militar --que aprobó la Ley de Comunidades Nativas en 1974 y dio inicio al proceso de titulación de tierras-- ofreció un contexto favorable al desarrollo de la organización indígena, hasta que en 1980 se formó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Fue esta organización la que convocó hace 16 días a un paro amazónico de comunidades nativas, contra varios decretos legislativos que modifican algunas normas sobre la propiedad y la venta de sus territorios. Alberto Pizango, su presidente, es un reconocido y antiguo líder chayahuita, del Amazonas, una de las zonas donde las comunidades presentan un mayor mestizaje.

En enero de 1993 el Gobierno firmó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y lo ratificó al año siguiente. Asimismo, este gobierno promovió en setiembre del año pasado la firma de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En ambos documentos, el Gobierno se compromete a consultar a las comunidades sobre cualquier decisión que las afecte. Sin embargo, ningún régimen respetó estas normas.

La territorialidad de las comunidades nativas se enfrenta a varios intereses. Por un lado, está el papel paternalista de algunas instituciones que cuentan con el apoyo de la cooperación internacional y que buscan proteger a estas comunidades de cualquier forma de influencia. "No se debe subestimar a estas poblaciones (con actitudes proteccionistas) porque sus miembros pueden tomar sus decisiones como cualquier otro ciudadano", dice el antropólogo Juan Ossio.

Pero así como hay intereses en garantizar la inalienabilidad de estos territorios, también existen intereses económicos en que se facilite la compra de estas propiedades. El 72% de la Amazonía está subastada en lotes para la exploración de hidrocarburos o gas. Muchos de estos se superponen a comunidades nativas. Si se encuentra petróleo o gas como en Camisea, las empresas estarán en la obligación de negociar con las comunidades la venta de parte de su territorio. Así, antes del decreto se necesitaba la aprobación de dos tercios de los propietarios, con la modificación (derogada el viernes por el Congreso) se requería solo la mitad más uno.

También hay intereses políticos. Durante la paralización Ollanta Humala anunció que sus seguidores participaban en el paro, sin embargo, inmediatamente fue desmentido por los dirigentes nativos. Además, a diferencia de otras paralizaciones, esta vez los reporteros de este Diario no observaron a dirigentes humalistas detrás de las marchas, ni pancartas ni un discurso político que pidiera algo más que la derogatoria de los decretos.

DATOS Y CIFRAS
Convenio 169.
El Gobierno se comprometía a "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas directamente".

Nueve días de paro
El paro amazónico fue anunciado con varias semanas de anticipación. Comenzó el 8 de agosto, pero recién, cuatro días después, luego de que los nativos awajun tomaran la central hidroeléctrica El Muyo, se envío una comisión para el diálogo.

350
Millones de pies cúbicos diarios de gas se consumen en el Perú. Solo las reservas que se encuentran en el lote 88, en Camisea, suman unos 8,7 trillones de pies cúbicos de gas y 411 millones de barriles de líquidos de gas natural .

4Una de las cooperantes más importantes en el tema de las comunidades nativas amazónicas es Oxfam. La confederación de Oxfam Internacional está compuesta por 13 organizaciones que tienen sus sedes en Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hong Kong, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, Quebec, España y Estados Unidos.