Por: Juan Paredes Castro |
El ajuste de riendas que ha empezado a imponer Verónica Zavala en Transportes y Comunicaciones revela cómo la voluntad política desde la cima del gobierno puede dotar a una ministra de la autoridad que necesita no solo para cambiar algunas cosas fundamentales en su sector, sino también para contribuir, desde allí, a una cuota decisiva de la reforma del Estado.
No sabemos cuánto pueda durar esa autoridad --tal vez más allá o más acá de la interpelación que ella debe enfrentar en el Congreso--, pero hay una cosa muy cierta: los ministros suelen sufrir el síndrome del temor a ejercer la autoridad que demandan sus ministerios. Prefieren hacerlo en proporciones medidas y discretas porque les gana el compás que deben llevar al Consejo de Ministros y al poder presidencial dentro de este.
No son, claro está, mínimas las obligaciones y responsabilidades ministeriales en la concepción, elaboración y firma de resoluciones, decretos supremos, decretos de urgencia y proyectos de ley. Hay un trabajo individual y de equipo en función del Gobierno, que es muy absorbente. Sin embargo, en tanto y en cuanto cada ministro encarna la autoridad de su respectivo sector, tiene, pues, que ejercerla, real y efectivamente.
Aquí reside el mayor dilema de estos hombres y mujeres del fajín. Se entregan, como habitualmente lo hacen, a su trabajo gubernamental en equipo, en perjuicio de su ministerio, o vuelcan toda su energía en función de este y descuidan lo que hasta hoy consideran su prioridad: el Gabinete.
Este es precisamente el dilema a despejar si se quiere dotar de eficiencia al Gobierno como Gobierno y al Estado como Estado. Hay por supuesto ministros con más cancha libre que otros para el ejercicio pleno de sus poderes, como el de Economía y Finanzas, o como la tuvo José Antonio Chang cuando puso en su sitio al Sutep frente al tema de la evaluación docente.
No obstante, falta una regla de oro que funcione desde la propia Presidencia de la República destinada a graduar mejor el trabajo ministerial, de modo que los sectores en sí mismos no pierdan autoridad, y consiguientemente el Gobierno, en su conjunto, tampoco.
Una eficiente distribución del poder en el Gobierno contribuye también a robustecer el principio de autoridad que permanentemente reclama el país y que el común de la gente entiende como un atributo exclusivo de los regímenes autoritarios.
Señores ministros: ¡Piérdanle temor al ejercicio democrático de la autoridad sectorial, y el Gobierno y el Estado saldrán ganando!