Hay que saludar la decidida actitud de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, en la ardua lucha contra la arraigada corrupción judicial. Esta semana ha denunciado a cinco jueces y fiscales y se espera haga lo propio con otros 20 a quienes viene investigando.
No puede haber contemplación con quienes abusan de manera escandalosa de su cargo y pervierten la administración de justicia. Entre los casos denunciados, hay desde magistrados acusados de aceptar absurdos hábeas corpus a favor de narcotraficantes, hasta otros que cobraban cupos a sus empleados para mantenerlos en el cargo. Se trata solo de algunos casos, detectados y denunciados por la fiscalía, pero es evidente que hay muchos más. El esfuerzo de sanear la administración judicial debe comprometer aun más a la OCMA, y al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), algunos de cuyos recientes pronunciamientos han dejado mucho que desear.
Como lo hemos señalado previamente, los jueces y fiscales corruptos tienen que ser destituidos y sancionados penalmente, y junto con los abogados que a sabiendas intentan corromper la ley deben ser expulsados del Colegio de Abogados.