EN EL TAPETE
Por Azucena León Torres
En la primera semana de setiembre la congresista humalista Marisol Espinoza Cruz, con el respaldo de los demás miembros de su bancada, presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto Legislativo 1084, que establece cuotas individuales para la pesca de anchoveta.
En la exposición de motivos, la congresista no solo cuestiona que el decreto haya sido publicado por el Ejecutivo como parte de las facultades legislativas que recibió para facilitar la implementación del TLC, también critica que con su aplicación podrían desaparecer las 600 embarcaciones de madera que hay en el país, atentando así contra la fuente de ingresos de miles de familias. ¿Pero son estas afirmaciones correctas? ¿Qué pasará si prospera el pedido de los humalista? Y lo más importante, ¿cuál es el objetivo del ministro de la Producción Rafael Rey, al establecer este sistema?
BAJO PRESIÓN
En caso el proyecto de Espinoza tenga eco en otras bancadas y se derogue el decreto en mención, el sector seguirá como hasta ahora. Con una cuota global anual asignada por el Imarpe, un exceso del 40% de la flota pesquera, un sistema desordenado (con el que se podría seguir dejando abierto el camino para la pesca ilegal) y lo que todos conocen como la carrera olímpica, donde cada vez que se abre una temporada de pesca miles de embarcaciones salen disparadas detrás de la anchoveta.
En otras palabras, según Rey, se seguiría ejerciendo una fuerte presión sobre el recurso, atentando contra la seguridad de los tripulantes (muchas de las embarcaciones van repletas de gente) y con cada vez menores días de pesca, pues con un exceso de flota que usa nueva tecnología, los barcos van pescando en menos tiempo. Así, en menos de una década, la temporada de pesca se ha reducido de 200 a 47 días al año.
ESPECIE BENDITA
¿Qué peso tiene la anchoveta en el ecosistema y por qué debemos preocuparnos por su sostenibilidad? Según la bióloga Patricia Majluf, su importancia va más allá de la industria y la gastronomía. "La anchoveta no solo es la especie más abundante de nuestro mar, sino la base principal de nuestra cadena, pues de ella se alimentan especies que destinamos al consumo directo: como el jurel y la caballa, y muchas otras", agrega.
Esta necesidad de preservar el recurso y de ordenar un sector, que siempre estuvo lleno de irregularidades, llevaron a Rey a sentar posición en un tema que viene discutiéndose muchos años y que nunca se implementó (hasta hoy) porque no se proponían mecanismos que permitieran disminuir el costo social (despidos) que podría traer su implementación.
Un estudio que realizó Apoyo Consultoría recoge experiencias exitosas aplicadas en otros países (Islandia y Chile) y que fueron plasmadas en el decreto. Así, en caso los trabajadores decidan retirarse (se prohíben los despidos) recibirán capacitación para reengancharse en otros sectores, una indemnización (2,25 veces su salario por cada año de servicios) y la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada. "Siempre respaldamos el reordenamiento del sector, pero nos preocupaba quedarnos en el aire, algo que no sucederá con este decreto", dice Juan Yovera, secretario general del Sindicato de Pescadores de Chimbote, que agrupa a 6.000 pescadores.
LA OPOSICIÓN
En términos sencillos, el cuestionado decreto reparte el total de la cuota global entre todos los jugadores (el cálculo se hace mediante una fórmula que otorga un peso de 60% a la pesca histórica y 40% a la capacidad de bodega). "De esta forma cada quien podrá programarse sin tener que correr en forma desesperada para llegar primero porque ya tendrá su cuota asegurada. Algo que, sin duda, tenderá a disminuir la presión sobre el recurso", asegura Rey.
Premisa que es confirmada por Patricia Majluf y el profesor del PAD de la Universidad de Piura Miguel Ferré, e incluso por el especialista en temas pesqueros Oswaldo Hundskopf, quien agrega que al asignar una cuota individual de pesca, el número de embarcaciones tenderá a disminuir, pues los pesqueros no necesitarán enviar todas sus embarcaciones para competir. "Además se evitará que el pescado se deteriore y que los desechos sean devueltos al mar, pues al disminuir el congestionamiento en plantas ya no esperarán grandes turnos para descargar su pesca".
Pero la medida de Rey es rechazada por algunos armadores. Gerardo Gonzales, presidente de la Sociedad Nacional de Armadores Pesqueros, dice que la norma afectará sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que al asignárseles una cuota menor perderán rentabilidad y no tendrán otra alternativa que salir del mercado. Incluso lamenta no haber sido convocados para debatir el decreto.
En esa misma línea, Kraik Krogh, de la Sociedad de Armadores del Perú, afirma que "aplicar un sistema de cuotas individuales fomentaría la concentración y los oligopolios en el sector y desalentará a aquellas empresas que se preocupan por realizar trabajos más eficientes".
No obstante, Rey señala que todos los gremios fueron convocados a su despacho y que producto del diálogo acordaron dos cosas: modificar la fórmula de cálculo inicial (Apoyo sugirió 50% para cada ítem) y establecer otra distinta para los armadores de madera, de tal forma que la cuota se asignará tomando como referencia su máxima cuota de captura histórica. "Es el pequeño y no el grande el que sale ganando con esta fórmula e incluso la flota de madera (la más vulnerable) capturará un 1% más", dice. Algo que no se puede negar es que las cuotas individuales contribuirán a la preservación del recurso. Y lo dicen no solo la FAO, el Banco Mundial y otros organismos internacionales, también lo señala el biólogo Steven Gaines, de la Universidad de California (EE.UU.), en el último número de la revista "The Economist": "Solo las cuotas individuales de pesca pueden evitar un desastre y el colapso de los recursos en el planeta", alerta. Sin embargo, hay cosas que deben seguir afinándose para que este modelo sea plenamente exitoso. "Los mecanismos de control deben funcionar eficientemente y se debe evitar perforaciones al sistema", afirma el abogado Juan Carlos Durand. También, agrega Hundskopf, "habrá que asegurar que se cumplan los beneficios a los pesqueros para que no se repita la mala experiencia de la Caja del Pescador, que hoy está quebrada".
Ambas cosas las tiene muy presente Rey, quien además de elevar sanciones y obligar a los armadores a declarar su real capacidad de bodega, ha condicionado el zarpe al pago de beneficios a los pescadores. Además, ya publicó el borrador del reglamento del decreto en la web del Ministerio de la Producción y sigue recibiendo sugerencias.
ESTUDIO DE APOYO
Una historia aparte
Los armadores cuestionan que el estudio sobre cuotas individuales haya sido encargado a Apoyo, pues uno de sus miembros, Gianfranco Castagnola, es director de Austral Group, razón por la cual, aseguran, la habrían favorecido. Sin embargo, dicha versión fue descartada por Apoyo: "La fórmula que sugerimos para asignar la cuota es la misma que plantean otros estudios. Lo que buscan al dar información distorsionada es desprestigiar un estudio serio e imparcial".