¿Y los gastos del Congreso?

Por Beatriz Boza

Independientemente de que sus padres tengan cargos importantes, sean adinerados, famosos, cultos o divertidos, los niños escogen a su propio líder, quien destaca por su personalidad, ya sea por ser buen deportista, por saber mucho de Pokemón, por tener las mejores propuestas de cómo divertirse, etc. Destaca por algo y se vuelve ejemplo. Este proceso se da naturalmente, porque lo que los niños valoran es el ejemplo, las acciones y actividades concretas que constantemente lo legitiman como líder. Esta selección instintiva que hacen los niños demuestra que más allá de la democracia electoral está la democracia participativa que se forja a diario, a través de la gestión y el ejemplo. El Congreso parece haber olvidado que la eficiencia y la integridad son esenciales a la legitimidad.

El Congreso, como todo el Estado, se financia con nuestros impuestos. Los congresistas, como el resto de funcionarios públicos, viven de nuestro esfuerzo. Cada vez que compramos algo y pagamos IGV, estamos solventando los gastos del Estado. La idea es que esos fondos sirvan para algo, que nadie se los embolsique, que nos preste servicios. Por eso, la ley exige que todos los gastos públicos estén publicados en la web y que todos podamos revisarlos en cualquier momento. Eso se llama transparencia y es el mejor antídoto contra la corrupción. Gracias a Internet, desde cualquier cabina pública en cualquier lugar del territorio nacional, cualquiera puede contribuir a cuidar que los fondos públicos se gasten bien, convirtiéndonos en garantes de nuestra democracia y del buen gobierno.

Sin embargo, los congresistas parecen no creer en esto y se han negado a entregar la información sobre sus gastos, alegando que los está investigando la contraloría. Es como que el banco se niegue a entregarte tu estado de cuenta, alegando que sus auditores están investigando su gestión o que el colegio no entregue las notas porque están evaluando a los profesores; que Registros Públicos no quiera mostrarte tu título de propiedad porque está revisando el catastro; o tu AFP no te dé tu saldo porque está investigando un robo. Los recursos públicos son precisamente eso, públicos, no son de libre disposición de ninguna autoridad y todo funcionario público tiene que rendir cuentas de cómo y en qué gasta. Los congresistas también.

Cuando la autoridad justifica lo indebido y cuestiona lo obvio es señal de que se avecinan tiempos difíciles y atropellos a nuestros derechos. Por eso, es particularmente importante la cruzada que lidera Rosa María Palacios para lograr que el Congreso publique los gastos de los congresistas. Valiente, desafiante, con la ley en la mano, Rosa María está poniéndole coto a la arbitrariedad y a la corrupción. Como ciudadanos tenemos que apoyarla y seguirla en esta campaña.