Fiscal decidirá si valida audios en su denuncia

Por Óscar Castilla C.

El titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, Óscar Zevallos Palomino, evalúa la posibilidad de no utilizar como prueba los audios del escándalo que se incluyeron en la investigación penal que se le sigue al ex directivo de Perú-Petro Alberto Quimper Herrera y al prófugo ex diputado aprista Rómulo León por la presunta concesión irregular de cinco lotes petroleros a una empresa noruega. Así revelaron fuentes judiciales vinculadas al caso.

Las mismas fuentes informaron que el fiscal Zevallos validó inicialmente los audios como medio de prueba cuando le pidió al Poder Judicial la captura de los personajes antes mencionados. Sin embargo, la decisión final --si utiliza o no las grabaciones-- se conocerá cuando proceda a formular denuncia penal contra los dos personajes ante los juzgados anticorrupción.

El fiscal Zevallos tiene plazo hasta el martes 21 cuando vence la detención preventiva de 15 días que se dictaminó para Quimper Herrera y para León Alegría, hasta el momento no localizado.

También se reveló que, aun cuando se descarten los audios como prueba lícita para la investigación, el fiscal Zevallos todavía puede denunciar a los dos personajes antes citados ya que durante los últimos días ha acopiado documentación del Comité de Adjudicaciones de Perú-Petro relativa a la presunta concesión irregular de los cinco lotes petroleros, así como información financiera de los principales protagonistas del escándalo.

Como se recuerda, el empresario dominicano Fortunato Canaán y la empresa noruega Discover Petroleum International (DPI) revelaron en sendos comunicados que pagaron importantes sumas de dinero a León Alegría y a Quimper, cuanto este último era directivo de Perú-Petro.

Quimper, por si fuera poco, se negó a declarar cuando le tocó ser interrogado por el fiscal Zevallos.

Además se informó que, una vez que el representante del Ministerio Público formule su denuncia, le tocará al juez anticorrupción (que reciba el sonado caso) decidir si validará o no los audios como medio probatorio en el proceso.

OPINIONES ENCONTRADAS
Trascendió que ya existen fallos de salas de la Suprema que se han pronunciado a favor de declarar prueba ilícita los audios de personas que han sido 'chuponeadas'.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera dijo que es un tema debatible si los audios --producto de la interceptación telefónica ilegal-- pueden ser usados como prueba lícita o no. Mencionó, sin embargo, que la fiscalía y el juzgado anticorrupción ya los aceptaron, pues solo así se ordenaron las capturas de León y de Quimper.

Rivera consideró que los audios sí deben ser usados como prueba en la investigación fiscal y luego en el proceso penal, siempre y cuando estos no revelen detalles de la intimidad de las personas que son interceptadas telefónicamente.

El abogado Luis Lamas Puccio recordó que la interceptación telefónica solamente puede hacerse con orden judicial, pues de lo contrario es ilegal.

"A esto (los audios del escándalo) se le llama el fruto del árbol prohibido, una prueba conseguida ilícitamente y violando el derecho a la privacidad. Y aun cuando las grabaciones sean aceptadas como prueba, estas deben estar acompañadas por hechos que confirmen los diálogos allí registrados".

DECLARACIÓN DE SABA
De otro lado, más de seis horas duró el interrogatorio al que fue sometido por la fiscalía el presidente del directorio de Perú-Petro, Daniel Saba, respecto del presunto delito de tráfico de influencias a favor de la compañía noruega Discover Petroleum.

Se le habría hecho notar que hay muchos asuntos por aclarar.

El pleno del Congreso definiría cómo investigar los casos de 'chuponeo'
Ayer se supo que habría dos posturas en la representación parlamentaria con respecto al tema de la ilegal interceptación telefónica.

Un sector plantea que en una próxima sesión plenaria se constituya una comisión ad hoc del Congreso para que en un plazo no mayor de 120 días se aboque a investigar la ilegal interceptación telefónica en general.

Trascendió que el bloque fujimorista estaría a favor de este planteamiento. En cambio, otro sector de la representación parlamentaria apostaría para que a la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República se le otorgue facultades de investigación, también con un plazo fijo para la presentación del correspondiente informe.

Se supo que la viabilidad de ambas posiciones será discutida en la reunión de Junta de Portavoces del Congreso, que por rutina sesiona los martes.

El acuerdo a que se arribe al término de las deliberaciones multipartidarias será considerado en la agenda de la sesión plenaria por realizarse el próximo jueves 23 a fin de que sea debatido por la representación.