Sin solución a la vista

Por Luis Davelouis Lengua

Las causas de los conflictos entre las empresas mineras, que buscan explorar y explotar los recursos naturales del subsuelo, y las comunidades ubicadas en las proximidades de los yacimientos son, en la mayoría de los casos, por temas medioambientales. Y es que, a la larga, son los pobladores quienes se podrían ver afectados por dicha actividad, y quienes sienten un natural temor por lo que no conocen y el peligro de contaminación que representa la actividad minera. Porque saben que habría impacto, pero no tienen una idea cabal de la magnitud, de cómo se manifestará, ni de cómo controlar el riesgo de una incidencia. Y el desconocimiento, en la historia de la humanidad, ha llevado muchas veces a la violencia.

La tarea del Estado es proteger a todos sus ciudadanos por sobre toda otra consideración. No obstante ello, es percibido por la población marginada (los no incluidos que, por lo general, forman las comunidades próximas a los yacimientos mineros) como aliado de las empresas que ellos ven como heraldos de desgracias.

Y es lógico, como explica la especialista en temas mineros de la Defensoría del Pueblo Alicia Abanto --avalada además por un extenso informe al respecto preparado por la propia institución--, es el Ministerio de Energía y Minas (MEM) el que se encarga de promover los proyectos de inversión minera (que explica el 70% de los conflictos sociales en el Perú) y es también el que autoriza la exploración y explotación, evalúa y aprueba los programas de adecuación y manejo ambiental (PAMA) y los estudios de impacto ambiental (EIA) presentados por las empresas que la misma entidad convocó. Ello, sumado a la falta de institucionalidad (que muchas veces se traduce en falta de gobernabilidad) que aqueja al Estado, genera un temor no atendido en la población, un temor real que tampoco es escuchado.

Abanto sostiene que lo ideal sería crear una institución autónoma e independiente de los ministerios que se encargue exclusivamente de atender el tema medioambiental, una especie de banco central del medio ambiente, que se encargue de refrendar los PAMA y los EIA presentados por las mineras, con lo que se garantizaría, al menos en la imagen, cierta independencia entre quien pide y quien autoriza.

EL ESTADO NO FUNCIONA
El presidente de la organización no gubernamental (ONG) Cooper Acción, José de Echave, coincide con esa idea y agrega que el temor de los pobladores tiene que ver, nueve de diez veces, con la posibilidad de que el agua se contamine. Para él, el Estado debiera promover un diálogo que lleve a un entendimiento justo entre las partes, pero el diálogo siempre está relegado, y el Estado llega tarde, mal y su papel, en la mayoría de los casos, se limita a hacer de bombero. De Echave explica la intervención de las ONG de la siguiente manera: la ciudadanía no está debidamente representada en la negociación frente a las empresas mineras y que, aun así, no existen mecanismos de participación adecuados.

"Entregarles a los pobladores un estudio de impacto ambiental de tres mil páginas y decirles 'en veinte días venimos por su respuesta' es una caricatura de participación ciudadana", sostiene De Echave.

NO PASA NADA
Para el titular del MEM, Juan Valdivia, el hecho de que sea la misma institución la que convoque a la inversión y autorice sus programas ambientales no es ningún problema, pues de lo que se trata es de "confiar más para reforzar las instituciones", porque crear una entidad autónoma "no garantiza que las cosas se hagan mejor". "Quienes proponen una cosa así, son antimineros, definitivamente". Termina diciendo que "lo que dice la Defensoría del Pueblo (sobre este tema) no es vinculante y que, además, comete muchos errores".

El ministro cree que el problema son las personas y no las instituciones, y que, por último, para verificar que todo se haga como debe hacerse, está la Contraloría General de la República, que también cumple un papel administrativo, como cuando hizo algunas observaciones al proyecto Camisea, que el MEM debió incorporar en las regulaciones.

Lo cierto es que a la fecha no se ha logrado llegar a acuerdos significativos --hay algunos ejemplos, pero son los menos-- y los únicos actores que presentan propuestas y alternativas de solución no están ni entre los mineros (salvo contadas excepciones) ni en el Estado.

SOLUCIONES
El Estado, que por lo general escucha la posición de quien puede ir a visitar al presidente en persona, no cree que deba cambiar nada, salvo la actitud de los actores, según las palabras del ministro Valdivia. En ello sí coinciden las ONG y la defensoría: que todos los actores involucrados cambien de actitud y hagan su labor lo mejor que puedan, siempre con buena fe.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE), Ysaac Cruz, cree que las ONG son las que complican todo y que no deberían intermediar porque no se conocen ni sus motivaciones ni sus fines. Piensa que cumplir la ley es todo lo que se requiere para poner las cosas en orden y que todos salgan contentos. Roque Benavides dice que los mineros lucharán contra la influencia de las ONG en la población y "el daño que están causando".

El problema en Piura, con la minera Majaz, es un ejemplo de que muy pocos son capaces de ponerse en los zapatos del otro o de confiar. Crear una institución nueva y autónoma no solucionará los problemas de un día para otro, pero sería un paso importante para recuperar la confianza que hoy por hoy el ministro Valdivia quiere que le regalen.