La extorsión del 'chuponeo'

Por Hugo Guerra

Quizá usted no sea plenamente consciente, querido lector, pero todos estamos siendo extorsionados por fuerzas extrañas que utilizan como instrumento de presión los infames 'chuponeos'.

El país vive en vilo a raíz del escándalo de corrupción. Primero, porque con el destape cayó nada menos que el Gabinete Del Castillo. Y luego porque se amenaza con que saldría a la luz más información en cualquier momento.

Es comprensible que una primera reacción sea de simpatía para quienes proveen esos audios. Sin embargo, el hecho de que se consigan por medios ilícitos es grave. Una de las garantías constitucionales más preciadas es el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones porque así se protege la intimidad. Que alguien acceda de forma no autorizada a lo que decimos de manera privada es delito tipificado.

Es verdad que cuando se trata de personajes públicos, la privacidad es más restringida. Y es cierto también que a propósito de las investigaciones en torno al montesinismo, el TC validó la calidad probatoria de audios, videos y documentos ilegalmente obtenidos cuando conducen a esclarecer casos de corrupción.

Pero esa excepción no puede aceptarse como norma regular, porque supondría permitir un sistema salvaje donde algunos podrían instaurar la extorsión.

Por supuesto, quienes tienen interés en ese tipo de delitos buscan desestabilizar el país o atacar a quienes compiten con ellos precisamente en la corrupción. En el caso del contrato petrolero de Discover, por ejemplo, ¿acaso las fuentes que proveyeron a la prensa de los audios malditos realmente querían moralizar?

La impunidad de 'chuponeadores' se escuda en la prensa para amplificar torvos intereses. Los manipuladores consiguen que los periodistas publiquen las denuncias, pero sin permitirles revelar el origen de los materiales ilegalmente obtenidos.

Así, los medios funcionan por un lado como fiscalizadores, pero por otro terminan involuntariamente como cómplices de 'fantasmas' que tienen la capacidad de bajarse a un Gabinete. Frente a esto se plantea un dilema: si la prensa no publica lo que le dan, no cumple con cautelar el interés público. Y si publica, es parte de una cadena siniestra.

Mientras ese proceso envilece el ejercicio periodístico, la industria del 'chuponeo' prolifera. Cuando se cerró el SIN montesinista no se encontraron equipos de interceptación telefónica, aunque sí se confirmó que alguien robó unas 16 máquinas de ese tipo. Hoy, según el vicepresidente Luis Giampietri, unas 10 empresas hacen interceptación ilegal incluso satelital. Es decir, sofisticación ante la cual ningún ciudadano puede protegerse.

¿Qué hacer? Es remoto dar una receta, pero listemos lo obvio: el delito debe investigarse ya (sin el peloteo de si le corresponde a la fiscalía o al Congreso); la prensa debe seguir métodos éticos y decentes; y nadie debe olvidar que, por encima de cualquier norma deontológica, la Constitución protege el derecho a la privacidad de las comunicaciones.