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EDITORIAL

Corrupción e interceptación telefónica

Por Francisco Miró Quesada Rada. Director

La lucha contra la corrupción es una obligación moral y jurídica, de ello no cabe la menor duda. Por eso los peruanos necesitamos seguir construyendo una mejor democracia, que sea transparente y participativa. De acuerdo con un estudio sobre los niveles de corrupción, cuya medida va de 10 para lo menos corrupto a 0 para lo más corrupto, quedó demostrado que los países en donde existe menos corrupción son los más transparentes. La gente no es víctima de la interceptación telefónica, precisamente porque predomina una cultura de la transparencia y no del secretismo, que es lo que todavía, desgraciadamente, prevalece en el Perú, y digo prevalece porque es una mala herencia colonial.

Para muchos es normal la interceptación telefónica, aunque se invadan el honor y la privacidad de las personas que debemos, a priori, reconocer que son inocentes; pero también en el Perú, como se ha instalado una cultura de la desconfianza, asumimos que todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario.

Esta cultura del secretismo y de la desconfianza pretende enfrentar la corrupción con la interceptación telefónica, que es otra modalidad, quizás más sutil que otras formas de corrupción, más diabólica, 'más pilla', soterrada, digna de una alimaña, maquinadora y perversa.

Por eso llama severamente la atención que algunos quieran establecer una dicotomía entre corrupción e interceptación telefónica, cuando lo segundo es una modalidad de corrupción. Si bien es cierto que se utiliza contra otros corruptos, no pierde su naturaleza delictiva, además cuando son 'editados' luego para seguir chantajeando, en nombre de un grupo político, unas empresas que le rinden culto a la plata y no a la patria, o cuando de manera asombrosa unas personas son capaces de afirmar que un documento interno está por encima de la Constitución y de la ley. Pero si se las separa por falta de confianza, van a quejarse. Solo la digresión del juez puede decidir si un audio o video deba servir a la justicia.

Como es obvio, los periodistas no somos jueces ni fiscales, por eso debemos contribuir con la justicia en el marco de la democracia y del Estado de derecho. La publicación de audios y videos que delatan corrupción impactan más en la opinión pública. Por esta razón se tiene que ir al fondo del asunto y al origen de un mecanismo perverso elaborado por unos corruptos, entonces denunciamos a quienes escuchamos su voz en la corrupción y vemos su imagen, y silenciamos al 'chuponeador' o lo consideramos un delito menor, 'manejable', para la primicia. Manipulable cuando nos convenga. Si hacemos eso y lo fundamentamos ante la opinión pública, somos tanto o más corruptos. Aquí no hay término medio, aquí no puede haber tibieza, acuso un delito y callo otro, además lo encubro.

También sabemos que se han formado lobbies para defender intereses de ciertos poderes económicos nacionales e internacionales; esto es una peligrosa tendencia hacia la corrupción, cuando en realidad se está evadiendo la ley de lobbies, con un asombroso desparpajo. Como dijera en su oportunidad la actual defensora del Pueblo, Beatriz Merino, cuando fue presidenta del Consejo de Ministros: "No se aceptan lobbies, no pierda su tiempo".

Por el bien y la salud de nuestra incipiente democracia debemos denunciar la corrupción en el Estado, en el sector privado y en la vida. La corrupción no tiene color de piel, ni sexo, barre con la dignidad humana, su cara es nauseabunda, sobre todo cuando va acompañada por el escándalo y amparada por otro método corrupto como la interceptación telefónica.

Con la intervención de la fiscalía y que el Congreso haya decidido nombrar una comisión, algunos se han puesto nerviosos porque se empieza a investigar, por supuesto, a los corruptos de los audios, pero también a los 'chuponeadores' y adláteres. Ni la corrupción en todas sus formas ni la interceptación como modalidad de esta pasarán, porque, como decía el maestro Jorge Basadre: "El Perú es más grande que sus problemas".

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