19:30 |El Gobierno admitió que debe recuperar la confianza de la población en este sector
Lima. (EFE).- Perú tiene en la actualidad proyectos mineros por unos 14.000 millones de dólares, aunque su Gobierno admitió que debe recuperar la confianza de la población en la minería, afirmó hoy el viceministro de Energía y Minas, Felipe Isasi.
"Estos proyectos están allí, para empezar a invertir, no en beneficio, la mayoría de ellos, del período que culmina en el 2011, sino para asegurarle recursos al país al largo plazo, equivalentes a los que estamos gozando como consecuencia de los precios hoy día", señaló Isasi en declaraciones a la prensa extranjera acreditada en Lima.
El viceministro indicó que el Ministerio de Energía y Minas se ha "comprometido con dos grandes objetivos en el sector minero", que pasan por "la recuperación de la confianza como condición de la gobernabilidad" del sector y el desarrollo sostenible.
Reconoció, al respecto, que la minería "es un sector que hoy día tiene cierto grado de conflictividad social", por lo que se tiene que "recuperar la percepción del ministerio como una autoridad imparcial".
Añadió que se busca que las "actividades mineras se realicen en el marco de la excelencia ambiental y social" y poner "énfasis en la percepción de la minería no como un fin en si mismo, sino como un medio de derrotar la pobreza y lograr el desarrollo social".
Isasi dijo que el Gobierno peruano desea, además, "generar las condiciones para que no se pierda el alto atractivo de Perú en relación a la inversión nacional y extranjera" en minería.
Puso de ejemplo la decisión de la minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC), de capitales mexicanos, que adelantó una inversión de 2.108 millones de dólares, que permitirá incrementar su producción de cobre en 270.000 toneladas para el año 2011, lo que supondrá un 39 por ciento más de la actual producción.
Al respecto, sostuvo que Energía y Minas determinó "aspectos específicos" de su gestión, como el fortalecimiento institucional del ministerio, la simplificación administrativa y superar a países vecinos en competitividad.
Además, eliminar la minería ilegal, lograr que la minería pequeña y artesanal logre estándares de calidad en gestión ambiental y social, así como la transparencia y participación ciudadana en el proceso productivo.
Isasi reveló que los actuales proyectos mineros, que alcanzan unos 14.000 millones de dólares, "están allí para empezar a invertir" y pueden permitir "asegurarles recursos al país" a largo plazo, equivalentes a los que se obtienen en la actualidad por los altos precios de los minerales.
En ese sentido, indicó que el ministerio está buscando que se "creen herramientas estándares que permitan que en todo el país se trabaje con los mismos criterios, adecuados de acuerdo a las demandas sociales".
La estrategia del Gobierno "es que todas esas demandas sociales sean canalizadas a través de una agresiva campaña de inversiones en infraestructura", precisó Isasi.
El viceministro agregó que considera que existe "un problema de conocimiento y educación" para hacer que "la población pueda tomar conciencia del potencial minero de su región".
"No queremos que en el futuro nos digan por qué no se aprovechó esa oportunidad", enfatizó.
También aseguró que "en el país se sancionan los incumplimientos" a las leyes medioambientales en minería y que "los que incumplen impunemente (esas leyes) son casos aislados".
Consideró, al respecto, "un falso dilema decir que no es posible la coexistencia entre la minería y la agricultura".
Las actividades mineras y el inicio de nuevas tareas de exploración y explotación fueron rechazadas en los últimos años por los pobladores de zonas rurales de Perú, que consideran que afectarían su calidad de vida y no reportan mayores beneficios económicos y sociales a sus localidades.
Una protesta popular impidió hace cuatro años que se amplíe la explotación minera en la zona de Tambogrande, en la región norteña de Piura, donde se considera que puede haber un gran yacimiento de oro.
En el mismo departamento existe en la actualidad un conflicto entre las autoridades y pobladores de los distritos de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera, que se oponen a las actividades de la minera de cobre Majaz, manejada por la compañía china Zijin.