Los congresistas que irrumpieron en el debate del TLC no serán sancionados

9:37 | La Comisión de Ética del Congreso acordó enviar al archivo el caso de los siete legisladores nacionalistas

(Andina) .- La Comisión de Ética Parlamentaria acordó hoy enviar al archivo el caso de los siete congresistas que irrumpieron violentamente el hemiciclo del Congreso de la República en junio del año pasado, cuando se debatía la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Dicho grupo de trabajo, no obstante, expresó su "firme desaprobación" a la actitud que asumieron los entonces legisladores electos de las filas del Partido Nacionalista.

La comisión, que preside la congresista Elizabeth León (NUPP), lamentó que no se pueda aplicar sanción alguna contra los denunciados por el vacío legal existente en torno a si, en la fecha de los hechos, eran congresistas o simplemente ciudadanos electos como tales.

En la reunión se recordó que sobre ese vacío la Comisión de Ética había solicitado la opinión de la Comisión de Constitución, pero ésta no se pronunció pese al tiempo transcurrido.

Por ello, a propuesta de Luis Galarreta (UN) y Martha Hildebrandt (GPF), se acordó desestimar el predictamen que proponía una "amonestación pública escrita", archivar el caso, dejar sentada su desaprobación a la conducta de los legisladores y lamentar que la Comisión de Constitución no se haya pronunciado al respecto.

El pedido de una sanción de carácter ético alcanzaba a Nancy Obregón, Juana Huancahuari, Martha Acosta, Álvaro Gutiérrez, Miro Ruiz, Werner Cabrera, Hilaria Supa y Gloria Ramos, aparte de la legisladora andina Elsa Malpartida.

Otras denuncias

De otro lado, la Comisión de Ética acordó abrir un proceso investigatorio contra la congresista Yaneth Cajahuanca Rosales (GPN) por supuestamente haber contratado como asesor de su despacho a un vendedor de gas de su natal Huánuco, conforme lo denunciara un programa periodístico.

También desestimó y envió al archivo la denuncia presentada por el director del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Carlos Vigil, contra José Maslucán Culqui (GPN), por denuncias presentadas por el congresista contra el galeno por supuestas deficientes diligencias médicas.

Igualmente, desestimó el pedido de la congresista Karina Beteta Rubín (NUPP) para que se abriera una investigación por las denuncias periodísticas de haber defendido a un narcotraficante hace varios años, cuando ejercía su profesión de abogada.

Pese a ello, la congresista pidió una reconsideración del acuerdo e insistió en que se le investigara para dejar bien establecida su honorabilidad.

Sobre el tema, Víctor Andrés García Belaunde (AP) recordó que la Comisión no podía abocarse a investigar a congresistas por su comportamiento de hace diez o quince años, con la única finalidad de otorgarle "un certificado de buena conducta", pues en tales casos estaba expedita la vía judicial para hacer valer los derechos supuestamente violados. La reconsideración de la congresista será debatida en la próxima sesión.