10:40 | FERNANDO ROSPIGLIOSI. Analista político / Consultor de El Comercio
La primera sentencia que ha recibido Alberto Fujimori es justa. Los seis años de prisión efectiva por ordenar el allanamiento ilegal de la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de su ex socio Vladimiro Montesinos, muestran que el sistema anticorrupción, creado durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, está funcionando.
A pesar de sus limitaciones, de los inmensos obstáculos que ha tenido que sortear los últimos años y de las intensas campañas de los fujimoristas y su legión de corruptos aliados, esa isla dentro de un Poder Judicial cuestionado y cuestionable ha dado sus frutos.
Los tres principales socios de la banda de delincuentes que se apoderó del Estado peruano durante una década (Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza y Alberto Fujimori) están hoy día sentenciados y en prisión.
Cierto que falta mucho trecho por recorrer. Los juicios principales contra Fujimori recién están comenzando. Y vendrán las apelaciones ante tribunales menos confiables que los actuales.
Los gobernantes de hoy, y los que vengan en el futuro, deberían tener en cuenta este ejemplo. Harían mal en confiarse en anteriores experiencias de impunidad.
El mundo está cambiando. La globalización no es solamente económica. Los estándares en defensa de los derechos humanos y en lucha anticorrupción son más altos que antes. Hace quince o veinte años, nadie hubiera soñado con un ex presidente extraditado y sentenciado. Hoy es una realidad.