El Concejo de Lima planea convertir en chatarra 25 mil buses hasta el 2012

8:58 | Plan apunta a eliminar sobreoferta de vehículos en el transporte público

Por Iván Herrera Orsi

¿Qué tienen en común Santa Rosa de Lima y Víctor Raúl Haya de la Torre? Son empresas de transporte público que arrastran por las pistas buses fabricados hace más de 40 años. En Lima, una ciudad que quiere sentirse moderna, el 74% de la flota del servicio público tiene entre 16 y 54 años de antigüedad. El humo espeso y picante que arrojan estos carros es solo uno de sus achaques. La Municipalidad de Lima quiere aliviarlos de sus males mandándolos al 'deshuesadero'.

En junio del año pasado, el Concejo Metropolitano emitió la Ordenanza 954, que establecía que las unidades con una antigüedad igual o mayor que 35 años dejarían de circular de inmediato. Esto hasta ahora no se ha cumplido porque falta implementar un sistema de chatarreo, contemplado en la norma, que garantice que los vehículos sean destruidos en condiciones adecuadas y que sus propietarios reciban una compensación atractiva.

No se busca eliminar solo a las unidades de mayor antigüedad. La idea es recortar progresivamente la cantidad de vehículos de transporte público, porque, según datos de la municipalidad, estos bordean los 26.000 y solo se requieren 9.400.

César Arévalo, subgerente de Estudios de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Lima, señala que se ha previsto convertir en chatarra unos 25 mil vehículos entre el 2008 y el 2012, mientras vayan ingresando unidades nuevas, que funcionen a gas. En enero debe publicarse una ordenanza con un cronograma para la reducción paulatina del límite de antigüedad, de modo que a partir del 2012 no se permitan buses de más de 15 años.

La Comisión de Transporte del concejo ha aprobado este mes el plan piloto que se piensa aplicar, indica Arévalo: a modo de prueba serán chatarreados 10 ómnibus, 20 microbuses y una combi. Los más viejos. El municipio compraría los primeros a 3.000 dólares cada uno; los segundos, a 2.000 dólares; y la combi a 1.000 dólares.

El plan municipal considera ayudar a agruparse e invertir en otro negocio a aquellos propietarios de buses que cedan sus herramientas de trabajo. Cofide, entidad con la que la municipalidad tiene un convenio, aportaría un fondo de garantía. Para los choferes y cobradores se ha pensado en créditos de la Caja Metropolitana que les permitirían crear microempresas.

Pero aún hay varios escollos por superar. En primer lugar, el financiamiento del proyecto. La municipalidad ha calculado que necesita 40 millones de dólares para costear el pago a los dueños de los vehículos durante los próximos cinco años. Ya que el retiro de los carros viejos beneficiaría el medio ambiente, el concejo cree que podrá recibir fondos de corporaciones interesadas en acreditar que han apoyado proyectos para evitar la emisión de gases contaminantes (los llamados bonos de carbono). Sin embargo, también necesitaría recursos del Ejecutivo y de organismos internacionales.

El otro escollo es la posición de los transportistas. Gregorio Torres, presidente de la Confederación General de Transporte (CGT), está de acuerdo en líneas generales con el plan de chatarreo. Pero piensa que lo que ofrecería la Municipalidad de Lima sería demasiado poco: nadie se desprendería de una combi, su medio de vida, por apenas mil dólares, dice.

FUERA PETROLEROS
Mientras la propuesta del municipio madura, los dueños de los automóviles gasolineros están a la espera de mayores detalles sobre el programa que ha lanzado el Gobierno Central para reemplazar estos carros por vehículos nuevos a gas natural. El Decreto Supremo 213-2007-EF, publicado el último domingo, apunta a los autos que tengan al menos diez años de antigüedad. No lo dice, pero por las características señaladas se comprende que el beneficio se dirige principalmente a los taxis. Sus propietarios podrán entregarlos a un centro de chatarreo acreditado, y recibir un bono que les sirva como parte de pago de un vehículo nuevo. La condición es que este sea un gasolinero convertido a gas natural vehicular (GNV).

Aún no se conoce a cuánto ascenderá el bono. Según la norma, será equivalente al precio en el mercado del auto que se desecha. Tanto Iván Besich, director ejecutivo de la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (Araper), como Jorge Juárez, gerente general de la Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular, tienen entendido que este oscilará, por lo menos, entre los 2.000 y los 2.500 dólares. El Gobierno costeará el subsidio.

"El régimen del bono del chatarreo dura tres años y el plazo ya está corriendo. Por eso hay que trabajar muy rápido en la reglamentación", dice Besich.

Él se siente satisfecho con el paquete de medidas adoptadas por el Gobierno, las cuales incluyen, además del sistema de chatarreo, la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo para los automóviles gasolineros nuevos (la tasa pasó del 30% al 10%).

"Por primera vez se nota que existe una política para lograr el cambio de la matriz energética. El problema más grande que obstaculizaba este cambio era que no existían suficientes vehículos que se pudieran convertir a gas natural. Es que solo se pueden convertir los vehículos de encendido por chispa; es decir, los gasolineros nuevos o en buen estado. Pero, aunque no se hiciera la conversión, ya habría una ganancia para el medio ambiente, ya que la gasolina es más limpia que el diésel", comenta.

El empresario asegura que las conversiones serán hechas con estándares muy altos, dado que estarán a cargo de los vendedores de autos nuevos, y los carros mantendrán la garantía de fábrica al salir del taller.

Este año han sido convertidos a GNV unos 24 mil vehículos, según Jorge Juárez, de la Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular. Juárez estima que, cuando acabe el 2008, estarán circulando más de 60 mil. En esta cifra incluye los que adopten este combustible como parte del programa del Gobierno, y los que serán transformados por cuenta propia.

Juárez sostiene que el abastecimiento para ellos estará garantizado. Si antes faltaban gasocentros, ahora existen 17 en Lima. Si sumamos los que están en construcción y aquellos cuya instalación ya ha sido aprobada, la cifra llega a 87: una cantidad más que suficiente.