9:00 | La audiencia se volvió a truncar por la ausencia de los legisladores apristas Hilda Guevara y José Vargas. El titular de la subcomisión pide aplicar descuentos
Cansado de que se siga frustrando el trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el legislador José Saldaña (UPP), titular de ese grupo, señaló ayer que pedirá la aplicación de descuentos salariales a los miembros que no acudan a las sesiones y la modificación del reglamento del Parlamento para que no se necesite la asistencia del íntegro de los integrantes y se puedan desarrollar las audiencias postergadas.
"El descuento ya está establecido. Yo hago llegar permanentemente la asistencia de los congresistas. No dejo de hacerlo en cada sesión", declaró Saldaña luego de que, por cuarta vez, se levantara la subcomisión sin que pudieran revisarse los casos de la representante aprista Tula Benites y del fujimorista Ricardo Pando, quienes han sido denunciados por la presunta contratación de empleados fantasma en sus despachos.
Por otra parte, un grupo de legisladores, encabezados por Javier Bedoya de Vivanco (UN), le sugirió a Saldaña la segunda medida, es decir, la modificación de un inciso del artículo 89 del reglamento congresal, que establece como requisito para iniciar las audiencias la asistencia obligatoria de todos los integrantes de la subcomisión, salvo la de aquellos que gozan de licencia.
Ayer, la audiencia se volvió a truncar por la ausencia de los congresistas apristas Hilda Guevara y José Vargas. Guevara, además, renunció por escrito a seguir siendo parte de la subcomisión, lo que preocupó a sus colegas presentes, por la segura dilación que ello ocasionará a la labor pendiente.
SE PREOCUPA PERO NO ACTÚA
Alertado sobre esta nueva interrupción de la labor de la subcomisión, el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, al igual que la semana pasada, expresó su "extrañeza y preocupación", pues esta nuevamente "afecta la imagen del Congreso".
"Se está dando la sensación de que se quiere apoyar a determinada persona y eso no es así", comentó Gonzales Posada, en obvia alusión al supuesto blindaje (cada vez más obvio, la verdad) que el Apra estaría haciendo en favor de Tula Benites.
EL COMERCIO LO DIJO
"Ante su escandalosa reincidencia en el nefasto secretismo y el 'espíritu de cuerpo', debemos recordar a los congresistas que se deben primero a los ciudadanos y que estos los han elegido para legislar y fiscalizar en función del interés público y no de lo que conviene a tal o cual bancada. (...) Pero, sobre todo en el caso de Benites, no podemos soslayar el ánimo de connotados voceros oficialistas para retrasar, amenguar o descartar la sanción".
Editorial de El Comercio 8 de setiembre del 2007