13:08 | La medida es parte de las acciones del gobierno para atender las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Andina).- Los familiares de las víctimas de la matanza de La Cantuta se convirtieron en los primeros beneficiarios con reparaciones en salud, al ser afiliados a partir de hoy al Seguro Integral de Salud (SIS). La medida forma parte de las acciones emprendidas por el gobierno para atender una de las recomendaciones planteadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
A través de la representante de los afectados Gisella Ortiz se coordinó la afiliación a este seguro, obviando la aplicación de la Ficha de Evaluación Socio Económica y considerando como único requisito que no cuenten con ningún otro seguro de salud.
En atención a las recomendaciones de la corte, el Gobierno dispuso que se asegure la salud de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de la violencia política. Las personas incorporadas bajo esta modalidad al SIS, recibirán la cobertura de acuerdo al Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias.
De los 14.310 asegurados, unos siete mil 440 corresponden a la región Huancavelica y a su vez siete mil 340 están incluidas en las recomendaciones de la Corte Interamericana.
Aquellas personas que han sido víctimas de la violencia política podrán asegurar gratuitamente a sus cónyuges e hijos en el puesto de salud más cercano a su domicilio, presentando la documentación que lo acredite como beneficiario.
Por ejemplo, en el caso de las mujeres que sufrieron las esterilizaciones forzadas deberán presentar el documento de la Defensoría del Pueblo que certifique su condición de afectadas.
En el caso de los indultados por terrorismo, deberán presentar la copia de la resolución que le otorga dicho beneficio penitenciario, o el documento que los considere como afectados de la violencia política elaborado por la Secretaría de Paz y Reconciliación, temporalmente adscrita al Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y los Gobiernos Regionales.