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Pedirán a Chile autorizar juicio a Fujimori por Caso Castro Castro

8:19 | Jueces preparan expediente en el que se probaría la participación directa del ex presidente en este hecho, ocurrido en 1992

Por Alfredo Alí Alava.
Unidad de investigación


Nuevamente la justicia peruana solicitará al Gobierno Chileno la inclusión de la matanza de 40 internos del penal Castro Castro (1992) como un nuevo caso que debería ser adicionado a los otros siete por los que es juzgado el ex presidente Alberto Fujimori en nuestro país.

Por motivos aún no aclarados, un pedido similar realizado meses atrás quedó fuera de los cuadernillos de extradición que el Gobierno Peruano remitiera a su similar chileno en el 2006.

Tras marchas y contramarchas, Chile solo autorizó el juzgamiento de Fujimori por siete casos (entre ellos, los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta), pero no por el de Castro Castro.

Hoy, luego de haber realizado las consultas pertinentes ante sus superiores jerárquicos, el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, que despacha el doctor Omar Pimentel Calle, reformulará el pedido de ampliación de extradición con miras a que Chile autorice el procesamiento de Fujimori por la muerte de los acusados de terrorismo, hecho ocurrido entre el 6 y 9 de mayo de 1992, como parte del denominado plan Mudanza 1.

Así lo ha establecido la Corte Superior de Justicia de Lima, pero la autorización final, en el ámbito del Poder Judicial, deberá ser dada por la Corte Suprema. Es preciso señalar como antecedente que esa instancia jurídica ya se había pronunciado a favor de la extradición el 22 de mayo del 2007. En una resolución consultiva expresó que había razonables sospechas para considerar que el ex presidente planificó, ordenó y supervisó la matanza de los reclusos.

La participación de Fujimori en ese hecho se desprende de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y las diligencias efectuadas por el juzgado supraprovincial. Ambos han determinado su participación tanto en los preparativos como en la supervisión del plan Mudanza 1 que, dicho sea de paso, concluyó con el descabezamiento del 80% de la cúpula de Sendero Luminoso. Sin embargo, muchos de los que murieron estaban encarcelados en condición de inculpados.

Los magistrados de primera instancia y los de la Corte Suprema consideran que el ex presidente preparó con antelación el asalto de los pabellones 1A y 4B del penal Castro Castro, donde se hallaban recluidos aproximadamente 570 internos, entre hombres y mujeres. El objetivo habría sido aniquilar a los cuadros de mayor jerarquía dentro de la organización subversiva.

Los magistrados han sostenido que para lograr ese cometido, luego de dirigir el autogolpe del 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori decretó la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y ordenó que la policía se encargara del control interno y externo de las cárceles. En Castro Castro, por ejemplo, un coronel de la PNP reemplazó a su director civil.

La situación en los penales, en realidad, era caótica. Los reclusos hacían proselitismo, planificaban atentados, y, en el caso de los pabellones 1A (de mujeres) y 4B (de hombres), estos se comunicaban entre sí a través de ductos. Varias partes de los pabellones habían sido además fortificadas y en su interior almacenaban armas y explosivos caseros. No obstante, aquello no era justificación alguna para que la policía usara desmesuradamente la fuerza, abandonara a heridos y matara a personas que ya se habían rendido.

Las investigaciones han revelado la existencia de varios personajes que participaron en los hechos y que han asegurado que el último día (9 de mayo) Fujimori dirigió el debelamiento del motín desde un helicóptero de la PNP que sobrevoló la zona y que luego descendió para que el mandatario viera los resultados.

Así tenemos que el 11 de diciembre del 2003 y el 2 de julio del 2004 el coronel PNP Luis Pajuelo García y el capitán PNP Óscar Álvarez Varela, respectivamente, señalaron ante el fiscal que, siendo aproximadamente las 9 de la mañana del 9 de mayo, el presidente Fujimori, que se hallaba en un helicóptero policial, ordenó "el inicio de los trabajos de demolición del pabellón 4B y el retiro de los internos con el empleo de armas de fuego".

La orden fue impartida, según los declarantes, siguiendo la cadena de mando. Es decir, de Fujimori al ministro Juan Briones Dávila, luego de este al general Adolfo Cuba y Escobedo (director de la PNP), y de este a los jefes operativos, generales PNP Abraham Malpartida Salazar ('Cacique') y Federico Hurtado Esquerre ('Fehur'). Según el mayor PNP Jesús Konja Chacón (jefe de la unidad que utilizó explosivos militares C-4 para derribar paredes) y del propio Álvarez Varela, el general Hurtado convocó al personal policial y le dijo que había recibido "la orden directa del presidente de la República para terminar la operación".

Los mataron tras haberse rendido
A eso de las 5 de la tarde del 9 de mayo de 1992, un grupo de internos del pabellón 4B del penal Castro Castro decidió rendirse ante el asedio policial. A voz en cuello hicieron conocer que iban a salir y pidieron que respetaran sus vidas. Al recibir respuesta favorable, iniciaron la evacuación agitando pañuelos en señal de rendición, pero fueron recibidos a balazos por francotiradores que ocupaban los techos aledaños.

En la rotonda quedaron expuestos 17 cuerpos inertes. Las necropsias demostrarían posteriormente que la mayoría murió debido a balazos en la cabeza. Presentaban heridas de bala en el cráneo, con orificios de entrada en la parte superior y salida en la inferior.

Según las investigaciones, los amotinados habían decidido su rendición después de haber soportado cuatro días de intensos ataques en los que los agentes del orden utilizaron fusiles de guerra AKM, bombas vomitivas, bombas lacrimógenas, granadas fragmentarias, explosivos C-4 y otras armas.

En el primer día de las operaciones (6 de mayo) las fuerzas de intervención habían abatido a 16 internos y en los dos días siguientes murieron otros 7.

Martin: "El presidente ordenó ejecutar el plan"
En su libro "Ojo por ojo", Umberto Jara sostiene que Santiago Martin Rivas le confió que el objetivo del plan Mudanza 1 era "terminar con la Luminosa Trinchera de Combate (nombre que los subversivos daban al pabellón que los albergaba) y restaurar el principio de autoridad".

Jara recuerda que el ex jefe del destacamento Colina le dijo que "en la última reunión (...) Montesinos vino con una idea. Tenía la relación de los principales presos senderistas y en esa lista aparecían los integrantes del Comité Central; es decir, los más cercanos a Guzmán".

Entonces el jefe de facto del SIN "propuso que al efectuar la toma del penal (...) un equipo especial debía ingresar al pabellón donde estaban los dirigentes para darles vuelta allí mismo. Ninguno debía quedar con vida.

¿Cuál era la idea? Descabezar a Sendero. () Ese sábado 9 de mayo de 1992, por orden de Fujimori y Montesinos, fueron sometidos a ejecuciones extrajudiciales los miembros de la cúpula senderista: Deodato Juárez Cruzat, Yovanka Pardavé Trujillo, Tito Valle Travesaño, Janet Talavera (...)". Y otros.

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