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El secretario de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Renzo Reggiardo, adelantó que el grupo de trabajo a cargo de las investigaciones sobre la adulteración de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) podría citar al presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, para que dé su versión sobre el tema en una primera instancia.
Ayer, martes, la Comisión de Fiscalización aprobó la creación de una comisión investigadora encargada de esclarecer los hechos en torno a la adulteración de la LOPE. Este caso le costó la renuncia al oficial mayor del Parlamento e involucraría al legislador aprista Wilder Calderón, según trascendió.
Reggiardo precisó que será esta nueva mesa de trabajo la que se encargará en un principio de las investigaciones sobre el tema, pues indicó, aparentemente las personas que se beneficiaron con esta adulteración podrían ser funcionarios o, en todo caso, los propios ministerios.
"La modificación de la LOPE implica la creación de más puestos de trabajo. Se crearía un gabinete por cada uno de los ministerios, para que coordinen con el Parlamento. Esto favorece a los ministerios y también a algunos personajes que están merodeando por ahí para ocupar algún cargo", remarcó en conversación con elcomercio.com.pe.
Reggiardo afirmó que también serían citados los parlamentarios Wilder Calderón y Luis Negreiros, así como el jefe de Relatoría y Agenda del Congreso, José Villena Changanaqui, y el jefe de la Dirección General Parlamentaria, Eduardo Mejía García, sindicados por el Parlamento como los presuntos autores materiales de la adulteración.
Precisó que la intención de la comisión investigadora es escuchar a los posibles involucrados y sacar algunas conclusiones preliminares sobre el caso, a fin de que posteriormente la Comisión de Ética realice una investigación sobre la responsabilidad que tendrían los legisladores antes mencionados.
De encontrarse indicios de responsabilidad penal de los parlamentarios, el caso podría pasar a la Comisión de Constitución y luego ser elevado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, instancia que delegaría el mismo al Ministerio Público para realizar una investigación formal, detalló. De ser así, los congresistas involucrados podrían ser desaforados del Legislativo.