Informe: Urge aplicar política de desarme

14:34 | En el 2007, la Discamec destruyó 7.771 armas con el objetivo de desarticular las mafias del tráfico de armamento

Por: Ernesto Cegarra Mantilla

Por Ernesto Cegarra Mantilla

En la primera y segunda parte de este informe sobre el mercado negro de armas de fuego hemos presentado una visión contextual de esta ilícita actividad y las rutas más comunes utilizadas por los miembros de esta perniciosa red. Ahora veremos qué se está haciendo en materia de desarme, esfuerzo que lidera la Dicscamec con continuas campañas que involucran al Estado, los gobiernos regionales y los municipales. 

En diciembre del 2007, la Dicscamec destruyó un total de 7.771 armas de fuego decomisadas al narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común. De ahí salieron un total de 52 arados que fueron donados al programa Sembrando.

El director general de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec), Ricardo Ganiku, adelantó que se está elaborando un proyecto de ley denominado "Ley del Desarme", iniciativa que contempla la coordinación permanente con las municipalidades y la Cancillería para concretar y aplicar políticas orientadas a este fin.

El jefe de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional del Callao, coronel David Llanos Rodríguez, comentó que en el primer puerto se han hecho diversas investigaciones y no se ha detectado ningún punto de venta ilegal de armas. Sin embargo, comentó que la última campaña de desarme en ese lugar se hizo hace tres años cuando aún era alcalde el actual presidente regional, Alex Kouri, recuperándose más de tres mil armas que eran usadas ilegalmente,  mediante la entrega de un incentivo económico en moneda americana.

Pese al éxito logrado en aquella ocasión, en que se recuperaron pistolas, revólveres, retrocargas y carabinas, no se ha vuelto aplicar una campaña de desarme de esa magnitud.

Lo cierto es que no todos los gobiernos locales vienen aplicando una política de desarme en sus jurisdicciones, práctica que podría ayudar a disminuir los índices de criminalidad en la capital y el país. La Ley 27933, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, establece que debe haber mecanismos de coordinación entre las instancias gubernamentales a nivel distrital, provincial y regional.

Sin embargo, según el presidente de la organización Ciudad Nuestra, Gino Costa, esa coordinación se complica porque la Policía actúa jerárquicamente. "La Policía ha dado un paso importante con su distritalización en Lima, pero falta que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan lo propio y se adecuen a esa estructura descentralizada", opinó.

A su turno, el coordinador del Instituto para la Seguridad Ciudadana, Gabriel Prado, precisó que esta ley ha logrado tener un impacto positivo en términos cuantitativos con la creación de comités regionales y nacionales de seguridad, aunque pocos de ellos han logrado articular un plan para combatir la delincuencia y el crimen organizado.