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Los McCann reclaman a la UE un sistema de alerta para los secuestros de niños

9:44 | Los padres de Madeleine están a favor de un proyecto promovido por eurodiputados que difunde en Europa la desaparición de un menor

Bruselas (EFE).- Gerry y Kate McCann, los padres de la niña Madeleine desaparecida en el Algarve portugués en mayo del 2007, abogaron este jueves en el Parlamento Europeo por establecer un sistema de alerta en toda la Unión Europea ante los casos de desapariciones de niños.

El matrimonio apadrina un proyecto de resolución promovido por los eurodiputados británicos y en el que se aboga por importar en la UE la "Red de Alerta Amber" que funciona en Estados Unidos desde 1996.

Este sistema, que implica a la policía, autoridades fronterizas y transportes, servicio nacional de meteorología y medios de comunicación, ha permitido salvar desde su creación a 393 menores, según aseguró Gerry en un encuentro público con los eurodiputados.

Se basa en la difusión urgente del anuncio de la desaparición del menor, acompañado de una fotografía y otros datos básicos, y un teléfono de contacto, mediante carteles, vallas publicitarias, y breves, pero frecuentes avisos en la televisión, radio e Internet.

Reacción rápida
"Las primeras horas tras la desaparición son cruciales", subrayó Kate, que recalcó que en Francia funciona desde hace poco un mecanismo similar con resultados exitosos "en cinco de las cinco veces que se ha activado".

La idea de extenderlo a la Unión Europea es posibilitar que la desaparición del menor se dé a conocer rápidamente no solo en los Estados miembros donde suceda, sino también en los fronterizos.

"Si un niño desaparece en Luxemburgo, hay que avisar en Alemania, Francia y Bélgica, porque en muy poco tiempo el secuestrador puede haber cruzado esas fronteras. Lo mismo sucede entre Portugal y España", dijo Gerry, en alusión al caso de Madeleine.

El proyecto de resolución parlamentaria aboga también por crear una "organización común" europea especializada en secuestros de niños para asistir a las autoridades nacionales.

El texto debe obtener más de la mitad de las firmas de los 785 eurodiputados en un plazo de tres meses para ser considerado como una posición oficial del Parlamento Europeo, aunque, incluso en ese caso, no tendría valor legal.

La decisión en la materia corresponde en último término al Consejo la UE -gobiernos nacionales-, poco entusiasta hasta ahora con este tipo de iniciativas.