Antigüedad de colectores pone a Lima al borde de crisis sanitaria

10:24 | El alcantarillado de la capital tambalea y el Gobierno lo declaró en estado de emergencia. Las poblaciones que viven cerca de la zona son las más vulnerables

Por Fabiola Torres López

Sus pequeñas narices están adormecidas. El olor es vomitivo, pero al grupo de niños que juega cerca del río de aguas color marrón fecal solo le importa contar las aves que revolotean sobre el lugar. Estamos en el asentamiento humano Santa Beatriz de Ventanilla, frente a la playa Oquendo, donde se ubica también uno de los doce emisores del desagüe de Lima: el colector Comas.

El río donde juegan los chicos es en realidad el caudal de aguas servidas de todos los habitantes de la zona norte de la capital, cuyo destino final es el Océano Pacífico. Un mar que, desde diversos desfogues, recibe cada 24 horas el equivalente a dos estadios nacionales llenos de líquidos fecales e industriales. La empresa de Servicio de Agua y Alcantarillado de Lima (Sedapal) trata apenas el 12% de las aguas servidas.

Como si fuera un cruel destino, desde hace un mes, la misma zona de Ventanilla donde juegan los niños recibe también la descarga del desagüe de otros siete distritos de Lima a través del Interceptor Norte, ubicado a solo unos 500 metros del colector Comas. El interceptor no debía funcionar sin que antes las aguas fueran tratadas, pero está abierto desde el colapso del emisor Costanero de San Miguel en marzo pasado.

La Presidencia del Consejo de Ministros ha oficializado ayer lo que es evidente: el estado de emergencia del sistema de alcantarillado de Lima y Callao. El decreto supremo N°030-2008 -PCM advierte que la antigüedad de los emisores (N° 6, Centenario, Bocanegra, N° 19 y Argentina) hace prever que pueda presentarse un riesgo similar al ocurrido con la descarga del moribundo colector Costanero.

En un plazo de 60 días, el Gobierno se compromete a tomar medidas necesarias de prevención de riesgos para la población. En dos meses, Sedapal tendrá que enfrentar lo que debió hacer hace varios años, según su propio plan maestro de gestión del 2005. El 22% de las redes primarias del desagüe, que incluyen los colectores, tiene una antigüedad superior a 50 años, mientras que el 17% fluctúa entre 30 y 50 años, de acuerdo con este documento.

La empresa había proyectado que para el 2006 la planta de tratamiento de Taboada (aún sin construir) debía funcionar para descargas las aguas servidas tratadas por el Interceptor Norte. Este ducto derivaría los líquidos de por lo menos cuatro colectores antiguos para evitar su colapso.

Cincuenta años es el tiempo de vida útil por desgaste de la infraestructura de alcantarillado, un lapso que varía en función de la operación y mantenimiento preventivo. "Pero el crecimiento de la ciudad, la sobrecarga de los emisores y su antigüedad obligan a renovarlos", dice el ingeniero sanitario Javier Prado, ex representante de la sociedad civil en el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

POBLACIONES EXPUESTAS
Llegó el año 2008 y los planes de Sedapal no se han cumplido. En medio de la emergencia, la empresa pública de agua se ha fijado un nuevo plazo para hacer la planta de Taboada: dos años. Sin embargo, el riesgo de nuevos colapsos de sus colectores se agrava por la presencia de poblaciones asentadas muy cerca de los emisores del desagüe (ver mapa).

¿Por qué tenemos que pagar con nuestra salud un problema que se pudo prevenir? No solo es el mal olor, son las epidemias de roedores y nuestra tranquilidad emocional", dice John Torres, vecino del colector N° 6, que descarga el desagüe al río Rímac, a la altura de la cuadra 25 de la Avenida Perú, en San Martín de Porres.

El Ministerio de Salud no ha determinado el área de influencia de la contaminación ni realizado un estudio epidemiológico de las poblaciones que viven junto a seis de los emisores de Lima que descargan las aguas servidas sin tratamiento al río Rímac y al mar desde hace varias décadas.

Fausto Roncal, de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), indica que un equipo técnico se encargará de hacer una evaluación de riesgos de estas zonas para determinar su nivel de exposición de acuerdo con la geografía, la forma como se efectúan los vertimientos, el acceso a servicios básicos de la población y su conducta de riesgo.

"A los niños les salen manchas en la piel, son enfermizos. Nosotros creemos que es por el ambiente, pero qué podemos hacer. No tenemos otro lugar al que podamos ir", dice Albertina Flores, quien vive frente al emisor Bocanegra en el asentamiento humano El Progreso, el cual utiliza también un canal de riego como drenaje de sus desechos.

El deficiente (en realidad ausente) tratamiento de las aguas residuales de las ciudades fue alertado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La autoridad sanitaria advirtió del grave riesgo que genera la falta de sistemas de tratamiento de las aguas servidas para el medio ambiente y la salud de las personas.

LOS IMPACTOS
Mauricio Pardón, director del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria de la OPS, plantea que las zonas de descargas del desagüe de Lima se declaren como área de exclusión y que se establezca un pago por los servicios ambientales que brindan a la ciudad.

Con una compensación económica, el Ministerio de Vivienda ha intentado convencer a las familias de las urbanizaciones Cerro de Pasco y Chepén, en La Perla, que se abra el colector que está frente a sus casas y de esta manera se cierre el Interceptor Norte hasta que se construya la planta de Taboada.

La Digesa, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), Sedapal y Defensa Civil concluyeron que La Perla tendría un menor impacto ambiental, ya que la zona urbana está separada del ducto por el acantilado y la pista. "Además, a diferencia del mar de Ventanilla, el mar adyacente al colector de La Perla presenta un sistema de mareas más adecuado para reducir los daños que producen las aguas servidas", explica Marcos Alegre, presidente del Grupo de Emprendimientos Ambientales (GEA).

Pero la respuesta de los vecinos es una sola: "La salud no se vende". El 88% de limeños encuestados por Ipsos Apoyo piensa también que la apertura de este colector afectará la salud de la población. Mabel Zapata vive frente al mar de La Perla desde que nació, pero su madre le prohibió siempre bajar a la playa. "El colector Costanero estaba cerca y ensuciaba las aguas. Ahora, se abrirá otro ducto a menos distancia de mi barrio y todo será peor", dice afligida.

Mientras las autoridades discuten los mecanismos de financiamiento de las obras para el tratamiento de las aguas servidas, el impacto sobre el ecosistema marino se hace cada vez más evidente. Según la Ley de Aguas, el mar no debería tener más 4.000 NMP/100ml de coliformes fecales (cantidad más probable de partículas en cada 100 mililitros de agua).

Sin embargo, en el Callao, cerca del colector Centenario, se han tomado muestras que arrojan hasta 12.500 veces más de esta materia por encima de lo máximo recomendado para garantizar la salud de la población. Ese es el resultado del vertimiento indiscriminado --durante más de 60 años-- de los desagües domésticos e industriales al mar, sin ningún tipo de tratamiento.

EN PUNTOS
Tierras de cultivo contaminadas
4Por el crecimiento urbano sobre áreas agrícolas de los que fueron fundos Oquendo y San Agustín se han cerrado varios canales de riego, lo que impide el uso directo de las aguas de los ríos Rímac y Chillón. Ello ha ocasionado que alrededor de 1.500 agricultores rieguen sus cultivos con aguas servidas provenientes de los colectores N° 6, Bocanegra y Comas desde hace más de una década.
4Los principales cultivos en estas zonas son: ajo, cebolla, maíz, apio y tomate. Los agricultores abastecen a los mercados del Callao y al mayorista de La Parada.
4En el otrora fundo San Agustín se han realizado varios estudios elaborados por Cepis desde 1987. Se ha propuesto el tratamiento y reúso en agricultura de las aguas residuales de la zona para frenar los riesgos.