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Los juicios por pensiones cuestan S/.70 millones anuales al país y jubilados

7:23 | La Defensoría estima que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) tenía 37.100 procesos en el 2006. Justicia Viva afirma que cada litigante desembolsa S/.1.000

Por Álvaro Gastañaduí Ramírez / El Comercio

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) gasta más dinero en tratar de evitar el pago de pensiones de jubilación, que lo que en realidad logra ahorrar al erario nacional. Para defenderse de los 37.100 juicios que tiene en trámite por ese concepto, gastó en el 2006 unos 17 millones de soles y el año pasado algo más de 18 millones, para contratar a estudios de abogados diversos. Con ese dinero, pudo haber pagado por un año la pensión mínima (415 soles) a más de 43.000 pensionistas.

Mario Atarama Cordero, de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, asegura que lo que gasta actualmente la ONP para defenderse en el Poder Judicial es 80 veces más de lo que gastaba en 1995, que fue de solo 221.000 soles.

Javier La Rosa, especialista del Consorcio Justicia Viva, asegura que los costos en los que incurre el Estado por ese concepto son mayores. Explicó que el Poder Judicial estaría gastando no menos de 15 millones de soles al año por mantener los juzgados y salas contenciosos-administrativos, que fueron creados debido a la abultada carga procesal de la ONP. Aunque no pudieron precisar el presupuesto que les demanda, voceros del Poder Judicial confirmaron que en los últimos tres años se tuvieron que crear 25 juzgados y seis salas para atender esa carga procesal.

La Rosa señaló que estos 37.100 juicios significan un costo de por lo menos mil soles al año a cada litigante; sin considerar lo que gasta por movilizarse a sus diligencias ni tampoco el impacto social, económico y psicológico que le representa un litigio de este tipo.

En total, todos estos casos significan un costo de unos 70 millones de soles, tanto para el Estado como para los particulares.

No obstante, tanto el funcionario de la Defensoría del Pueblo como el especialista de Justicia Viva coincidieron en advertir que también hay malos abogados que se aprovechan de la frustración de muchos jubilados, para iniciar juicios sin tener derecho a pensiones o por incrementos irrisorios.

MAYORES FACULTADES
En declaraciones a RPP, el abogado Roberto Sánchez León, de la ONP, explicó que el elevado número de juicios que tiene su institución se debe a la incapacidad que tienen de resolver los conflictos con sus aportantes, aunque les asista a ellos el derecho. Explicó que por ley deben recurrir al Poder Judicial.

Para resolver este problema, su institución presentó un proyecto de decreto supremo, con el fin de que la ONP resuelva las controversias con sus aportantes sin tener que recurrir a la vía judicial.

Sin embargo, y de manera coincidente, tanto Atarama como La Rosa, señalaron que la ONP también debería acelerar sus procesos administrativos para evitar tanta espera por parte de los futuros pensionistas. Incluso, el funcionario de la Defensoría del Pueblo dio a conocer que el 44% de las quejas que reciben se debe a la demora en la solución de los trámites.

SÍ CUMPLE FALLOS JUDICIALES
En alusión al caso del pensionista Ubilde Suárez Cornejo --que murió en la Sexta Sala Civil de Lima, mientras se analizaba el pago de devengados por el incumplimiento de la Ley 23908-- el abogado de la ONP aseguró que su institución no se oponía al cumplimiento de las sentencias judiciales. Explicó que en este caso, la Confederación de Jubilados del Perú no había dado a conocer la lista de sus afiliados que se beneficiarían con este pago y pretendía que le entregaran los 2.012 millones de soles que le corresponde al total de los jubilados de la Ley 19990, como si representara ese gremio a todos ellos.

Por su parte, Luis Pérez Zegarra, vicepresidente del gremio de jubilados y quien reemplazará a Suárez Cornejo, informó que lo único que pretenden con su juicio es el pago a los jubilados por lo que han dejado de percibir. Aseguró que este caso ya fue resuelto antes a su favor por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.