Ministro Pasco descarta que ley de servicio civil signifique un retroceso

12:28 | Titular de la cartera de Trabajo asegura que esta es una versión mejorada de la ley del empleo público

La propuesta del Ejecutivo de perfeccionar la ley del empleo público con una flamante ley de servicio civil recibió cuestionamientos en la última semana. Primero, de parte de los congresistas upepistas Washington Zeballos e Isaac Serna, vicepresidente de la Comisión de Descentralización y presidente de la Comisión de Trabajo, respectivamente; y del abogado laboralista Ricardo Herrera.

Ellos señalan que la iniciativa puede significar un retroceso de lo avanzado hasta ahora en materia de empleo público.
¿Pero, qué plantea esta nueva propuesta del Gobierno? Primero, la creación de un ente rector, a manera de directorio de una empresa, encargado de conducir las políticas de evaluación y capacitación de los servidores públicos. Y la formación de un 'pool' de gerentes públicos a disposición de regiones y municipios.

Consultado ayer por este Diario, el ministro de Trabajo, Mario Pasco, descartó que la iniciativa signifique un retroceso y subrayó que se trata de "un paso cualitativo hacia adelante", pues está enmarcada en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).

"La ley de empleo público, que es del gobierno anterior, crea un órgano tipo comisión, cuyos representantes son nombrados por diversas entidades, sin ningún criterio técnico. Eso no funciona y eso está al alcance de la vista. Ahora, la LOPE plantea un esquema distinto", dice. El nuevo esquema sería el órgano rector que propone.

Defiende el 'Pool'
Sobre al 'pool' de gerentes públicos, el laboralista Herrera ha expresado su preocupación porque considera más prioritaria la perfección de los mecanismos de selección de funcionarios. Pasco asegura que estos mecanismos no serán dejados de lado.

Respecto del pedido del congresista Serna al Ejecutivo para ordenar de una vez el sistema remunerativo estatal, Pasco dijo que eso tendrá que ser progresivo, pues hacerlo de una sola vez demandaría al Estado un desembolso de hasta 2.500 millones de soles al año.